Se generó polémica sobre escuchas telefónicas

La abogada aseguró que las escuchas telefónicas que llevaron al procesamiento de 30 personas, fueron efectuadas en condiciones irregulares. En declaraciones exclusivas a Montevideo Portal, Oxandabarat manifestó que "no sabe de dónde surge esta versión. Es algo que sostiene la abogada a través de los medios. Si realmente lo sostiene tendrá que denunciarlo".

Oxandabarat agregó que en caso de tener las pruebas, la Dr. Gutiérrez debe presentarse ante el juez que lleva la causa en caso que el expediente esté abierto.

El diario El Observador informa este lunes que "la defensa de uno de los procesados por el caso Campanita, el más grande de los casos de narcotráfico, por el cual se desbarató una red internacional y se procesó a 30 personas, pidió la nulidad de las actuaciones por la violación flagrante de derechos constitucionales y denunció que las escuchas telefónicas se realizaron sin autorización judicial".

El matutino agrega que "la abogada Paula Gutiérrez, defensora de Ricardo Hougham, procesado el 5 de setiembre de 2006 por el delito previsto en el articulo 31 de la ley de drogas (Ley 17.016) en la modalidad transporte y almacenamiento, pidió a la jueza del caso la nulidad de las actuaciones. En el escrito, la abogada planteó que ´las técnicas especiales de investigación fueron utilizadas al margen del ordenamiento jurídico sin tener presente que dichas técnicas buscan mantener el justo equilibrio entre los fines de la investigación y ciertos derechos y libertades de las personas como el derecho a la intimidad, la privacidad, la libertad de comunicación y expresión´, el debido proceso".

La Operación Campanita se inició en el 2006, cuando se incautaron 350 kilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades, entre ellas un laboratorio en Parque Batlle. Hubo decenas de detenidos y unos 30 procesados.

El operativo estuvo a cargo de la entonces jueza penal Anabella Damasco (procesada posteriormente por quedarse con dinero incautado), aunque la investigación fue continuada por el juez Federico Álvarez Petraglia, que dio con indicios de que dinero de los narcos había sido utilizado para adquirir bienes inmuebles.