El convenio, que forma parte del “Proyecto de atención de personas refugiadas procedentes de Guantánamo y sus familias”, también cubre la compra de artefactos como muebles y electrodomésticos.
En el documento se establece que “el titular de la familia arrendará a su nombre una vivienda en el área metropolitana con un depósito en garantía que facilitará el programa en una cuenta en el Banco Hipotecario del Uruguay”.
“El contrato de arrendamiento obliga al titular a pagar todo el año si se quiere de cambiar de vivienda”, agrega.
Los gastos del consumo de agua corriente, energía eléctrica y telefonía corren por cuenta de la familia, que pondrá a su nombre dichos servicios.
Luego de transcurrido el primer año del contrato se hará una evaluación para definir el tipo de apoyo en el segundo. Sin embargo, se establece que “después de ese período será de exclusiva responsabilidad de la familia cubrir los costos de arrendamiento de la vivienda”.
Hasta ahora, cinco de los seis exreclusos se niegan a la firma del convenio, que impulsa el gobierno uruguayo.
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