La IM dio a conocer el proyecto para regular Uber y otras aplicaciones

La Intendencia de Montevideo (IM) dio a conocer el proyecto de decreto para la "regulación del transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y plataformas electrónicas".

Tras la controversia causada por la llegada de la empresa Uber a Uruguay, luego de varios meses, el intendente Daniel Martínez presento a la Junta Departamental de Montevideo el proyecto que "trabaja en la dirección de incorporar las nuevas tecnologías en varias líneas de gestión del Gobierno Departamental".

Según informó Montevideo Portal, el proyecto permite la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados, que se contraten mediante las plataformas electrónicas, y queda sujeta a ciertos permisos que conceda la IM.
Se creará un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisiarios, y de las plataformas electrónicas. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso.
Los permisiarios tendrán que abonar a la IM un canon de $1,70 por kilómetro recorrido, desde que inicia hasta que finalice el viaje sin importar cuál sea el destino.

Además, la IM podrá fijar tarifas máximas, en caso de que el precio resulte abusivo "como sucede hace años con el servicio de remises", expresa el texto.

Se determinarán las condiciones que deberán cumplir tanto la plataforma como los choferes de las mismas.

Aunque una sola persona pueda registrar únicamente un vehículo, un mismo coche puede ofrecer el servicio en más de una plataforma.

Desde la IM, explican que la finalidad del proyecto es brindar "garantías" a los ciudadanos, que los vehículos cuenten con condiciones de seguridad adecuadas, y los choferes con libreta profesional, como también póliza de seguro contra todo riesgo.

Otro beneficio de la normativa "es que seguirá viviendo en un país donde se respetan las reglas y los trabajadores de las aplicaciones realizan los aportes como cualquier otro trabajador, con la garantía de que se efectuará la prestación de un servicio público por parte de un actor privado que pasa a estar regulado".

El vehículo no podrá tener más de cuatro años de antigüedad, y el propietario deberá demostrar a la IM estar al día con los aportes al BPS, una vez al año.