Homicidio de Coronel vuelve a foja cero

La Justicia no encontró mérito para imputar a los detenidos por el homicidio del cabo Wilson Coronel, asesinado durante una rapiña en una pizzería de Pocitos, por lo que quedaron en libertad.

Entre otras pruebas a favor de los indagados, varios testigos del hecho no los reconocieron, por lo que los sospechosos principales, y el hombre y la mujer que tenían vínculos familiares con estos, fueron liberados.

La investigación comenzó cuando el que estaba considerado como el principal sospechoso, de 19 años, escribiera en Facebook: "Por trabajar solamente una noche me gané 10 palitos". El hecho dio inicio a la investigación, ya que la cifra es idéntica a la que se llevó el asaltante y asesino del policía.

El joven probó que al momento del asalto estaba trabajando en el puerto y que el dinero al que hizo referencia lo había ganado trabajando en tareas de abastecimiento de dos barcos. Declaró su patrón y mostró filmaciones y documentación que confirmaban la versión del joven.

Por su parte, el primo también negó estar vinculado con el crimen. Ante la Justicia indicó que en el momento del homicidio estaba en su casa. Fue por eso que se detuvo a su madre y otro familiar. En el interrogatorio les preguntaron por separado detalles de esa noche y fue así que se confirmó que tampoco estaba vinculado.

Reclamo

Por otro lado, desde Cambadu, el vicepresidente, Daniel Fernández, dijo que comercios como las pizzerías no pueden acceder al servicio regular, denominado 222, por falta de cupo, y que tampoco pueden contratar empresas de seguridad por un tema de costos.

En rueda de prensa Fernández señaló: "Sabemos que existe esa herramienta y que es ilegal pero no hay otra opción. No es que la contratamos evadiendo. Pagamos el doble que paga el Ministerio, o más del doble. Pagamos eso porque no podemos pagar empresas que nos exigen ocho horas de turno para contratar cuando los comercios están abiertos realmente de 20 a 01 de la mañana".

Esta semana el Ministerio del Interior anunció que denunciará ante la Justicia a los comerciantes que contraten servicios de seguridad como el que cumplía el policía asesinado.