Investigar cuál fue el destino de estas víctimas "resulta complicado" para sus familiares, pues se produjeron en el marco del Plan Cóndor, por el que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay colaboraron para perseguir, detener y ejecutar a los opositores.
En algunas ocasiones, las víctimas eran capturadas en su propio país y allí se les ejecutaba, mientras que, en otras, eran trasladadas clandestinamente más allá de sus fronteras y fallecían en cárceles de otro Estado o eran lanzadas al mar, aseveró Guianze.
La presidenta del INDDHH solicitó a las autoridades uruguayas una actitud "más proactiva" para determinar el paradero de las víctimas, pues actualmente la mayoría de los avances que se consiguen es a partir de las investigaciones que de forma particular emprenden los familiares afectados.
Una de las claves que, según Guianze, serviría para esclarecer muchos de estos casos es la de encontrar los archivos del Ministerio de Defensa Nacional correspondientes a esa época, de los que en buena parte se desconoce su paradero.
Guianze incidió en que esos documentos podrían ofrecer pistas sobre estos casos, así como también información sobre las personas responsables de esas desapariciones.
Expresó su convencimiento de que la mayor parte de estos legajos no desapareció, sino que está escondida; y se basó para afirmarlo en que, en 2006, se encontraron unos microfilmes en un armario de la sede del ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva.
No fueron los únicos, pues en 2012 se hallaron algunos documentos de esta época en el museo que se levanta sobre la antigua sede del Ministerio de Defensa Nacional.
La presidenta del INDDHH y ex fiscal recordó que en los centros de internamiento uruguayos se produjeron torturas y asesinatos de presos políticos.
Si bien se desconoce lo que ocurrió con una buena parte de las víctimas, se sabe que sus condiciones de encarcelamiento fueron "muy penosas" y que, en algunos casos, fueron ajusticiadas, comentó.
Fuente: EFE
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