Violencia en México complica los reclamos por 43 estudiantes

15 noviembre de 2014


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Según informa EFE, siete semanas después de la desaparición de los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, las manifestaciones en el país crecen y cada vez se caldean más los ánimos.

Quemas al Palacio de Gobierno de Guerrero, las instalaciones de la Alcaldía de la ciudad de Iguala y la puerta del Palacio Nacional en Ciudad de México, así como de vehículos, han sido algunas de las acciones de protesta más agresivas y llamativas.

Maricela Portillo, experta en Movimientos Sociales y de Juventud de la privada Universidad Iberoamericana, indicó que estos actos violentos, protagonizados por pequeños grupos, empiezan a incidir en la opinión pública y a dividir a la sociedad.

Por otro lado la también coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Iberoamericana señaló que una de las preguntas que debe hacerse el país es a quién está sirviendo este tipo de acciones y por qué se está dejando que esto ocurra sin que nadie intervenga.

La inacción de las autoridades es atribuida por el experto en seguridad Guillermo Zepeda a la cautela de fuerzas como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna en Ciudad de México y hasta hace un par de semanas en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre dejó el cargo por la crisis.

La postura de las formaciones políticas y las autoridades ante la situación, a juicio de Portillo, está "magnificando el vacío de poder".

Los padres de los 43 estudiantes se desvincularon esta semana de las acciones violentas de la Ceteg, cuyos miembros se encuentran acampando en el Zócalo de Chilpancingo desde la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre pasado.

Ante la situación que enfrenta el país, el analista Javier Oliva percibe una "muy estructurada capacidad de protestas violentas", que ante la inacción de las autoridades locales y federales está creando "un ambiente de miedo y conflicto más intenso".

"La percepción de que aplicar la ley es sinónimo de represión, está llevando a una ruta de deterioro en la aplicación de las leyes y en la capacidad de las autoridades para gestionar el conflicto", indicó.

Fuente: EFE


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