Los obstáculos no dejaban de acumularse para el ejecutivo catalán desde que el 29 de septiembre el Tribunal Constitucional aceptó dos recursos presentados por el gobierno español de Mariano Rajoy contra la convocatoria de dicho referéndum.
Inmediatamente, toda acción de preparación del plebiscito había quedado temporalmente prohibida hasta que el alto tribunal decidiera sobre su eventual inconstitucionalidad, según informa AFP.
Desde entonces, la coalición nacionalista CiU de Mas, atenazada entre su promesa de respetar la legalidad y la presión de los otros tres partidos catalanes proconsulta, se esforzó por mantener viva la convocatoria sorteando los numerosos obstáculos logísticos que amenazaban su viabilidad.
Pero, a menos de un mes de la consulta, ya se habían agotado muchos de los plazos para realizar un escritinio con garantías como la publicación del censo de participantes, el anuncio de los sitios de votación o la designación de las personas que deberían trabajar en los colegios electorales.
Además, resultaba complicado culminar estos pasos previos sin comprometer a los funcionarios catalanes, que se arriesgaban a una inhabilitación por cooperar en la organización de un referéndum prohibido cautelarmente.
Ante esta situación, el presidente catalán volvió a reunir este lunes a las cuatro formaciones que apoyaban el referéndum -CiU, ERC, ICV y CUP- en un cónclave a puerta cerrada en Barcelona, al que no se convocó a los medios.
"El gobierno ha constatado que la consulta no se puede hacer", declaró Joan Herrera, líder del partido de izquierda ecologista ICV, a los periodistas al término de varias horas de reunión con Mas y los otros partidos proconsulta. El ejecutivo de Mas "hará una propuesta mañana" al referéndum, suspendido por la justicia española, agregó.
Fuente: AFP
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