La futura vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, celebró el archivo definitivo de la causa sobre la construcción del Antel Arena y calificó la denuncia como “una operación política” que se reactivó en distintos momentos de los últimos años.
“Comenzó en la campaña electoral hacia la Intendencia en 2020 y fue reavivada durante la pasada campaña electoral presidencial”, afirmó.
Cosse también recordó el impacto personal que tuvo el proceso judicial en su vida: “Duró cinco años, perdí a mi madre y no pudo ver este resultado. El resto de mi familia sí”, expresó.
Además, reafirmó su confianza en el equipo de trabajo que llevó adelante la obra y subrayó la importancia del Antel Arena como infraestructura para el país.
Respaldo
El Frente Amplio (FA) respaldó públicamente a Cosse con una declaración en la que destacó que la denuncia fue archivada por la Fiscalía tras una investigación exhaustiva y la presentación de un informe de más de 80 páginas que desestimó todas las acusaciones.
“Reiteramos nuestra confianza en la Fiscalía General de la Nación y en la institucionalidad democrática del país”, afirmó la coalición de izquierdas.
Desde el FA también lamentaron que se haya utilizado la vía judicial con fines políticos.
“Es preocupante que en Uruguay se use la judicialización como herramienta para intentar afectar la imagen de candidatas y candidatos”, señalaron y remarcaron su “absoluto respaldo” a Cosse en esta instancia.
Argumentos
El fiscal especializado en delitos vinculados al Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, fue quien archivó la causa tras analizar los argumentos del directorio de Antel, que había solicitado la reapertura de la investigación en mayo del año pasado.
En su resolución, Rodríguez concluyó que "no existe conducta penal reprochable” en la actuación de las autoridades que impulsaron la obra.
El fiscal Alejandro Machado ya había archivado previamente el caso al entender que, si bien hubo “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos”, no se habían cometido delitos.
En su reciente decisión, Rodríguez reafirmó que la utilización del mecanismo de compra directa por excepción estaba permitida y que el sistema de puja a la baja garantizó un proceso competitivo que permitió obtener mejores precios.
Otro de los puntos clave del informe fiscal fue la evaluación de los costos del proyecto, Rodríguez desestimó los cuestionamientos sobre las diferencias entre los valores proyectados y finales, indicando que los 40 millones de dólares mencionados inicialmente solo correspondían a la etapa de obra civil y no contemplaban otros aspectos de la infraestructura.
Además, el fiscal enfatizó que las auditorías internas de Antel fueron claras al señalar que, si bien en ocasiones faltaba documentación específica, los controles existentes permitieron garantizar la transparencia del proceso.
También destacó que no surgieron denuncias de personas físicas o jurídicas que alegaran corrupción en las compras durante la investigación.
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