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Los médicos forenses afirman que la acumulación de cuerpos es anterior al conflicto que mantiene el servicio de necrópolis con la Intendencia de Montevideo.
En declaraciones a Canal 12, el médico forense, Álvaro Zabaleta, dijo que si bien el conflicto tiene su incidencia, la situación lleva un tiempo más prolongado y tiene que ver con problemas administrativos para que el servicio de necrópolis retirara los cuerpos.
Los profesionales enviaron una carta a la directora del Instituto Médico Forense (ITF) para que esté en conocimiento de que en varias oportunidades, los médicos tuvieron que colocar los cuerpos en el suelo por falta de espacio.
El médico explicó que si bien el paro de necrópolis puede afectar de alguna forma, aclaró que el riesgo sanitario para los funcionarios es anterior al informe entregado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a solicitud de la Intendencia.
Por su parte, la Intendencia pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que decrete la esencialidad del servicio mientras los funcionarios se encuentran negociando.
Durante todo el jueves hubo paro en el servicio fúnebre y de necrópolis de la Intendencia de Montevideo.
La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, dijo que al día de hoy la posibilidad de decretar la esencialidad “no debería estar arriba de la mesa”.
La sindicalista agregó que sólo el MSP puede definir si existe riesgo sanitario en la morgue judicial.
Por otro lado Ripoll definió como “malo” al relacionamiento con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y agregó que sólo él puede revertir la situación reuniéndose con los trabajadores.
El fiscal Juan Gómez anunció su renuncia a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay tras diferencias que mantenía con la actual dirigencia del sindicato.
De acuerdo al semanario Búsqueda, la resolución del sindicato de realizar un paro y confrontar al fiscal de Corte Jorge Díaz, fue un motivo determinante para que Gómez tomara esa decisión.
En declaraciones a Montevideo Portal, Gómez confirmó su decisión aunque lo atribuyó a "cuestiones personales que engloban varias cosas". Dijo que no está de acuerdo con "la forma en que se han encarado las cosas".
"Quizás es una forma de decir 'reflexionemos todos'. Yo creo que se iba visualizando que de seguir las cosas como van en algún momento se puede producir hasta un sismo mayor", expresó.
"Creo que la figura que despierta más oposición debe ser la mía", sostuvo, haciendo referencia a las diferencias mantenidas con la conducción del sindicato.
La fiscal Mónica Ferrero, recibió una nota de dos juezas que advierten de una posible nueva amenaza por parte del abogado Juan José Ayala, en contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Ayala, ya había sido indagado e incluso detenido por la misma razón en el mes de febrero, pero no se tomó una resolución contra él debido a que su defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Proceso Penal ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscal Ferrero, al frente del caso, junto al abogado que representa a Diaz, Jorge Barrera, solicitaron a la SCJ indagar a las dos juezas en calidad de testigos.
Ferrero dijo en rueda de prensa que quiere evitar cualquier concreción de la amenaza.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo estar preocupado por el aumento de personas que se encuentran en situación de calle.
El jefe comunal explicó que con la carta que le envió al presidente Tabaré Vázquez, buscó sensibilizar al mandatario ante una nueva realidad que requiere “profundizar las medidas”.
El jefe comunal informó que desde la Intendencia se están acondicionando dos casas para que sirvan de refugios.
Los partidos de la oposición acordaron presentar en la justicia más documentación sobre la contratación de ambulancias de la empresa SIEMM en el Hospital de Bella Unión.
A esos folios se agregarán los relacionados a la información recabada por el Parlamento sobre las Colonias Psiquiátricas, el hospital de Soriano y de Rivera.
Según el diputado nacionalista Martín Lema, la idea es conformar un grupo de abogados que la semana que viene lleve adelante la instancia.
Por su parte los directores de SIEMM, y directores en ASSE, Rodrigo Barcelona, Federico Eguren y Marcos García, que fueron recibidos por el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, presentaron una denuncia ante el Ministerio del Interior reclamando el apartamiento del funcionario policial encargado del expediente judicial.
“La continuidad de su actuación en ese expediente dista largamente de ofrecernos las mínimas garantías de imparcialidad, probidad e integridad a la Ley Orgánica para el debido desempeño de la función policial”, señala el documento publicado por Búsqueda.
Los médicos aclaran que recién en febrero de este año fueron llamados por la justicia y ahí por primera vez tuvieron acceso al expediente. Agregan que la cuestión central pasa por la indebida difusión del memorando, que se realizó previo a esa instancia.
Para los directores es “harto presumible” que haya sido el funcionario policial asignado al expediente el que se lo haya proporcionado a la prensa para su propagación pública, por lo que reclaman una investigación administrativa.
Interrogado sobre la posibilidad de demoler el Estadio Centenario, pensando en una reconstrucción para el mundial 2030, el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, dijo que el Gobierno “no descarta ninguna posibilidad”.
En declaraciones a Sport 890, el jerarca aclaró que el estadio necesita ser remodelado, obtenga o no la sede mundialista, y agregó que la postulación ofrece “una gran oportunidad” para pensar el futuro.
Cáceres opinó que uno de los caminos para realizar la obra es negociar con la FIFA apoyo económico, además de hacer un llamado internacional para iniciativa privada.
En cuanto a la eventual construcción de un estadio en el interior del país, Cáceres hizo hincapié en la necesidad de no cometer los “errores” de la Copa América de 1995.
El Ministerio de Economía anunció una oferta de emisión de un bono global en dólares con vencimiento en 2055, junto a una oferta de recompra de bonos en dólares.
La cartera explicó en un comunicado que el objetivo es "utilizar los ingresos netos de la venta del nuevo bono para propósitos generales del Gobierno, incluyendo la refinanciación y la recompra de bonos".
El texto también indica que una porción de los ingresos netos se destinará a "operaciones de manejo de pasivo, incluyendo el pago del precio de compra de ciertos bonos".
La fecha de liquidación de la oferta de recompra está prevista que sea el jueves 19 de abril. Esperan emitir entre mil millones de dólares y 1.500.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) evaluará si la designación del hermano del presidente Vázquez, Jorge Vázquez, como subsecretario del Interior, constituye una situación irregular o contraria a las normas de la administración pública.
"Nos parece que es un tema que la opinión pública está requiriendo", dijo a diario El Observador la vocal de la junta, Matilde Rodríguez y agregó que el organismo analizará el asunto luego del 20 de abril, cuando su vicepresidente, Daniel Borrelli, retorne de su licencia.
El sobrino del presidente Tabaré Vázquez, hijo del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, trabaja en el Servicio de Seguridad Presidencial como su enfermero personal.
El dato fue aportado por el programa Santo y Seña de Canal 4. Gabriel Vázquez accedió al puesto en 2015 a través del Jefe Médico de Presidencia, Mario Zelarayán, por un pase en comisión de la Universidad de la República.
Consultado por el programa Vázquez descartó que exista ilegalidad y dijo que esta vez no hará una consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
“Es un pase en comisión, no es un nuevo contrato ni un nuevo ingreso a la función pública. El grado de consanguinidad que tenemos no está cuestionado en el decreto de 2003, lo trajo el Jefe del equipo Médico de Presidencia, Dr. Mario Zelarayán y creo que, como cualquier uruguayo, tengo el derecho de elegir quiénes van a atender y cuidar mi salud.” expresó Vázquez a Santo y Seña por correo electrónico.
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio resolvió actuar de oficio y estudiar si el senador Leonardo de León se apartó de las normas que guían la buena administración y la ética.
El expresidente de ALUR deberá pasar por el mismo procedimiento que el exvicepresidente Raúl Sendic, quien renunció tras un fallo contrario del Tribunal en setiembre del año pasado.
El Pit-Cnt quiere que haya “un nuevo shock de aumento en los salarios más bajos”. Así lo explicó el economista Daniel Olesker, que integra el Instituto Cuesta Duarte.
El economista agregó que no es verdad que para cuidar el empleo no deban subir los salarios y agregó que se plantea llegar a 16.500 pesos como salario mínimo con retroactividad al 1 de enero de 2018.
Desde el Gobierno se planteó llegar a 16.200 pesos pero al primero de año de 2020.
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