La ley se aprobó en diciembre para solucionar el conflicto sindical que enfrentaba al Gobierno con los gremios judiciales.
Además de marcar un porcentaje de aumento para los judiciales y registrales, la norma incluyó un artículo que obliga la corporación a pagar las condenas en su contra.
Para Chediak, en declaraciones a El Observador, la ley les "agrega una carga y no da ningún fondo".
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