Regasificadora: otra vez la misma historia

La historia es bien conocida, apenas el Frente Amplio pasó para el otro lado del mostrador y asumió posiciones de gobierno, no dejó pasar las oportunidades disponibles y defendió la instalación de Botnia (hoy UPM), incluso a costo de generar un conflicto con el gobierno argentino y tampoco dudó en mantener la adjudicación a una tercera empresa privada de la concesión para participar en el mercado de los teléfonos móviles.

Se podría agregar, entre tantos otros casos, que culminó su primer período de gobierno inaugurando el Aeropuerto de Carrasco con “bombos y platillos” después de haber hecho un escándalo cuando se realizó la subasta correspondiente que adjudicaba la obra al grupo Eurnekián.

Afortunadamente para los intereses del país, el Frente Amplio desde el gobierno actuó así, cambiando radicalmente su postura con respecto a lo que hacía y sostenía desde la oposición y haciendo posible el impulso de nuevas inversiones.

Pues bien, hoy parece que los roles cambian y los partidos tradicionales han decidido actuar de la misma forma que antes lo hizo el Frente Amplio. Ubicados en la oposición, acaban de marcar con fuerza su rechazo y crítica al proceso de construcción de una planta regasificadora en nuestro territorio.

Esta posición se produce a pesar de que al comienzo de este período de gobierno, en el grupo multipartidario de Energía se hubiera acordado avanzar con la mencionada obra. Resulta evidente la necesidad de que nuestro país logre aumentar su autonomía energética y esta iniciativa es una de las piezas claves para hacerlo. Se argumenta que los Directores de los partidos tradicionales no tuvieron información suficiente, en tiempo y forma, para evaluar las decisiones.

Pero también hay dirigentes que discuten incluso su pertinencia y se preguntan si será aconsejable esta inversión. Se dice que es una decisión que tendrá impacto a veinte años y por ello reclaman la existencia de un acuerdo plural. Sin embargo, se olvidan que, justamente por la trascendencia de este emprendimiento, su aprobación fue objeto de un acuerdo entre todos los partidos que se estableció hace tres años, al comienzo de este período de gobierno.

Ciertamente es necesario que todo el proceso de adjudicación y ejecución de los contratos se haga con transparencia y con todas las garantías. Para ello es imprescindible que existan, como en cualquier caso, los controles correspondientes. Pero no puede ser que desde los partidos que no estamos en el gobierno critiquemos permanentemente la incapacidad de gestión de este gobierno (nos incluimos en esa crítica) y luego, cuando se avanza en un asunto de entidad como la construcción de la planta regasificadora, se cuestione también por qué se ejecuta la obra.

El problema es que este no es el único caso en que los partidos tradicionales han actuado de esta forma. Hace pocas semanas, y en forma repentina, con una única excepción, resolvieron no votar la ley de minería, a pesar de haber participado y firmado un acuerdo multipartidario a fines de 2012 sobre una ley extremadamente conversada y moderna que buscó articular los más diversos equilibrios entre los diferentes intereses en juego.

Como es sabido, nosotros nos mantuvimos fieles a los acuerdos firmados y acompañamos con nuestro voto la proyectada ley. Del mismo modo, también vemos positivamente los avances logrados en la construcción de la planta regasificadora.

No es raro que, a medida que se acercan los tiempos electorales, los partidos tradicionales vayan marcando cada vez más distancias con el partido de gobierno. Lo que resulta francamente cuestionable es que asuman la misma lógica que antes cuestionaban al Frente Amplio.

¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que harían blancos y colorados si estuvieran en el gobierno? ¿No avanzarían en la explotación de los recursos mineros (ya lo hicieron en el pasado y con menores garantías jurídicas que ahora)? ¿Rechazarían la construcción de la planta regasificadora? Parece bastante evidente que los cálculos electorales empiezan a ganar terreno, el problema es que se haga a costo de los grandes intereses del país.

Por Pablo Mieres