Presidente Mujica decidió cerrar el caso Francisco Casal
28 noviembre de 2013
El Gobierno dejó sin efecto el expediente por el cual la DGI pretendía cobrarle al empresario Francisco Casal 10 millones de dólares por una presunta evasión tributaria que finalmente quedó en claro que no existió.
La clausura del caso protegió al Estado de posibles juicios reparatorios patrimoniales que podría haber emprendido el empresario.
El semanario Búsqueda informa este jueves que el fiscal de Gobierno Daniel Borelli indica que, “en caso de que se demandara al Estado por responsabilidad civil, el Poder Ejecutivo debería hacer uso de lo prevenido en el artículo 25 de la Constitución de la República”.
Ese artículo da la posibilidad de que el Estado “repita” contra aquellos funcionarios que hayan actuado con culpa grave o con dolo para cobrarse lo que se haya tenido que pagar por reclamos a la administración pública.
Búsqueda agrega que los funcionarios que podrían ser objeto de esa repetición son dos: el director de la DGI de la época, Nelson Hernández y el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Búsqueda agrega que el Gobierno tenía como objetivo claro que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anularía el acto administrativo que dio inicio al diferendo con Casal.
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