Políticas sociales, calidad, gasto y contraprestaciones

A su vez, más allá de una apelación, conceptualmente bastante pobre, del Presidente Mujica a favor de la incorporación de contrapartidas a los subsidios sociales, lo cierto es que estas siguen pendientes en la estrategia social del partido de gobierno.

Por otra parte, en forma casi permanente el gobierno anuncia desde el MIDES un nuevo programa social orientado a los hogares de menores recursos. A esta altura sería necesario realizar un inventario para tener una idea precisa de la cantidad y calidad de los sucesivos programas sociales y si estos no poseen niveles crecientes de superposición.

En primer lugar es necesario señalar que compartimos la idea general de que el mero crecimiento económico no asegura la justicia o la equidad social. Es cierto, como afirma Mujica, que la política debe tomar decisiones específicas para que los recursos que genera una sociedad en contexto de crecimiento económico se refleje en transferencias dirigidas a los más débiles para obtener resultados sociales de equidad y justicia social.

Sin embargo, identificar la defensa del gasto público con la defensa del gasto social es sostener una afirmación engañosa. En primer lugar, porque el gasto público no es equivalente al gasto público social; se puede reducir significativamente el gasto público sin afectar los niveles de gasto social. En segundo lugar, porque no todo el gasto social es eficaz y eficiente, por lo que sería necesario evaluar con rigor técnico e independencia los resultados e impactos de los múltiples y numerosos programas sociales que se han instalado en nuestro país. Seguramente, no todos cumplen una función significativa en el alivio o reducción de la pobreza.

Por tanto, es posible reducir o ajustar el gasto público sin arriesgar los resultados sociales. Sostener lo contrario es construir una coartada engañosa para no ingresar en un debate difícil donde las corporaciones vinculadas al Estado juegan un papel de bloqueo muy significativo.

A su vez, nadie puede discutir que las transferencias pecuniarias hacia los hogares de menores recursos repercuten en las cifras de pobreza e indigencia. Es una obviedad, en la medida que la pobreza y la indigencia se miden en función de los niveles de ingresos de los hogares; si se transfieren ingresos a los hogares pobres e indigentes se produce un impacto sobre las cifras estadísticas de estos fenómenos.

Sin embargo, la pregunta pertinente es si con el nivel de recursos destinados a las políticas sociales, los niveles de reducción de la pobreza e indigencia son aceptables o satisfactorios. A modo de ejemplo corresponde señalar lo que ocurre con la educación, la entidad del gasto dirigida a la educación ha aumentado de manera impresionante, sin embargo la calidad de la educación y sus resultados siguen siendo muy malos.

Basta mirar la entidad del crecimiento económico de estos años y comparar el ritmo de reducción de la pobreza para preguntarse seriamente sobre la eficacia del esfuerzo realizado en materia de disposición de recursos.

Pero lo más relevante y crítico, refiere al diseño de las políticas sociales. En nuestro país y el mundo desde hace décadas se ha discutido sobre los dos grandes enfoques de las políticas sociales, entre asistencialismo y promoción social. Los planteos tradicionales de la izquierda cuestionaron siempre a los enfoques asistencialistas porque no tenían proyección de futuro en la medida que sólo se orientaban a resolver la necesidad concreta sin propiciar un proceso de recuperación social que permitiera a los beneficiarios recuperar el sentido de su dignidad ganándose la vida con su propio esfuerzo.

Sin embargo, paradójicamente, en los hechos, las políticas sociales del Frente Amplio han sido, hasta ahora, totalmente asistencialistas en la medida que no han incluido ni exigido contrapartidas que permitan ayudar a que los beneficiarios salgan adelante por su propio esfuerzo. Incluso existen contrapartidas establecidas en la normativa vigente que no se exigen ni se cumplen.

El otro día el Presidente hizo referencia a ellas, más por instinto que por conocimiento del tema. Porque no se trata de establecer exigencias inútiles como que los beneficiarios “dediquen unas horitas a barrer la vereda”, sino exigencias que efectivamente impacten en la creación de oportunidades de salida de la situación de dependencia del Estado.

Exigir que los menores asistan y permanezcan en el sistema educativo, capacitación laboral para los adultos, exigir que los beneficiarios no rechacen oportunidades de empleo, equilibrar la obtención de trabajo con una correlativa reducción del subsidio y no su inmediata eliminación, etc.

Sin embargo, el gobierno se aferra a lanzar al vuelo uno y otro programa que se van sucediendo con escaso resultado efectivo. Obviamente esta estrategia solo es compatible en contextos de extrema abundancia, donde el gasto se expande sin límite; pero en contextos de estrechez financiera esto se llama, lisa y llanamente, derroche de recursos.

Pablo Mieres