El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, dio a conocer su informe anual sobre cárceles en el que se destacan las dificultades de acceso a la educación y programas socioeducativos."En materia penitenciaria Uruguay no está en el siglo XXI, está mucho más atrás”, sostuvo.
https://www.dropbox.com/s/2vr0i2cwce6yebv/Juan%20Petit_%20C%C3%A1rceles.mp3.MP3?dl=1
El documento señala que, de la población carcelaria, un 30% se encuentra en unidades donde se registran tratos crueles, inhumanos o degradantes
Las unidades que presentan esa realidad son los celdarios 1 y 2 del Penal de Libertad, los módulos 8, 11 y 12 de Santiago Vázquez, el piso 4 del Centro Femenino, el módulo 2 de la cárcel de Canelones, el sector A de Maldonado, el sector de delitos sexuales de Paysandú y el sector Ingreso de Soriano.
Se indica además que no ha sido posible concretar un sistema de progresividad que permita clasificar a los presos por afinidad y comportamiento.
A su vez, un 45% se encuentra en cárceles con condiciones que son insuficientes para la integración social, donde conviven con “realidades muy dispares". "Hay algunos presos que van a estudiar y otros que no salen prácticamente de la celda", dijo Petit en rueda de prensa.
Para el comisionado parlamentario, la educación alcanza a unos pocos y hay ineficacia para plantear políticas sociales dentro de las cárceles.
Cuando trabajan, la mayoría de los presos no recibe un pago: un 18% recibe un pago por su labor, mientras que el 72% no recibe nada a cambio. Solamente un 10% recibe un salario debido a que trabajan en empresas públicas o privadas mediante un convenio.
En 2017 murieron 47 personas; 28 de estas muertes fueron de forma violenta (17 homicidios, diez suicidios y una muerte debido a una caída desde lo alto de uno de los módulos, caso que no fue aclarado).
Para el comisionado parlamentario, detrás de las muertes en custodia existen carencias y omisiones a cuenta del Estado ya sea por acción u omisión.
A todo esto, Petit destacó el trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación al que encuentra como "muy alentador". Se refirió al esfuerzo por tecnificar la gestión y contratar especialistas para tratar las adicciones.
Destacó el trabajo del Centro de Formación Penitenciaria y las actividades de formación que imparte: en 2017, 2.798 personas participaron de esos cursos.
En otro orden, Petit propuso crear un Consejo de Política Criminal con el objetivos de acordar criterios a la hora de aplicar normas y prácticas.
Pidió además que la Ley de Educación incorpore la educación penitenciaria.
Uruguay es uno de los países que registra mayores índices de prisionización en la región: en 2017 añcanzó a las 10.241 personas privadas de libertad.
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