El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, realizó un pedido de procesamiento para cuatro ex militares, un médico y un juez por delitos de tortura cometidos durante la dictadura en Laguna del Sauce.
Según informa Montevideo Portal, la denuncia se había presentado en 2011 por parte de un grupo de ex militantes de Maldonado, entre ellos, Darío Pérez, diputado del Frente Amplio.
De acuerdo al pedido, el grupo denunció encierros y "diversos apremios físicos" en el Batallón de Ingenieros n°. 4 de Laguna del Sauce.
El fiscal señala que las víctimas tenían entre 18 y "veintipocos años" y militaban en su mayoría en el Comité de Resistencia Antifascista (Craft) y Movimiento Marxista (MM), quienes se dedicaban a "realizar propaganda (pintadas, pegatinas, volanteadas) contra la dictadura".
En base a la investigación realizada, se pudo constatar que los militantes fueron víctimas de una "dinámica represiva" ya "estandarizada": eran sometidos a "apremios físicos" durante los interrogatorios por participar en esas organizaciones o hechos ilícitos.
Los jóvenes detenidos terminaban por aceptar los hechos que se les imputaban, se les labraba un acta de declaración, se la derivaba a un "juez sumariante", que "a su vez era un oficial destacado en la unidad militar". A partir de allí, la declaración se derivaba a un "juez de instrucción" en Montevideo, que dictaminaba el auto de procesamiento.
"Una vez que se disponía el auto de procesamiento el detenido era trasladado a otra unidad militar o a los centros penitenciarios 'Establecimiento Militar de Reclusión de Libertad' para los hombres o al de Punta de Rieles para las mujeres", indica Perciballe.
El fiscal puntualiza que el médico de la unidad estaba en conocimiento de los apremios físicos, siendo consultado "para ver si era posible seguir los tormentos".
Para Perciballe los hechos descriptos por los denunciantes configuran un delito de "tortura" previsto actualmente en el Código Penal. No obstante, reconoce que "dicha figura penal no existía en nuestro ordenamiento jurídico" en esa época, razón por la cual decidió imputar a los cuatro militares, el juez y el médico por delitos de "abuso de autoridad" y "privación de libertad".
El pedido del fiscal es por prisión preventiva, hasta que tenga lugar la audiencia respectiva.
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