Panama Papers: dos años más tarde, sin mayores consecuencias

3 abril de 2018


El 3 de abril de 2016 salió a la luz la mayor filtración de documentos de la historia, los papeles de Panamá del bufete Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales en paraísos fiscales que afectó a importantes personalidades mundiales.

https://www.dropbox.com/s/rttyia4hmuprfiz/Fuerte_y_Claro_-180403-Entrevista_a_Panama_Papers.mp3?dl=1

Se trató de la filtración informativa de documentos confidenciales mediante una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

La información fue compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación en 76 países.

El 9 de mayo de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License.

 

En Uruguay el semanario Búsqueda fue el encargado de analizar los documentos y pudo comprobar que "numerosos estudios y firmas uruguayas trabajaron con la firma panameña como intermediarios, vendiendo las sociedades anónimas que esta crea a sus clientes”.

Se constató que políticos, empresarios, futbolistas y personas del mundo financiero tienen a su nombre, o son accionistas de sociedades anónimas creadas fuera del Uruguay.
Uruguay está entre los 10 países con más compañías offshore creadas a través de los servicios de Mossack Fonseca, explicó Búsqueda y agrega que "los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que cubren los datos filtrados".

Cada empresario que figuraba en la lista fue contactado por el semanario y allí todos hicieron aclaraciones y explicaron su participación en las empresas señaladas.

El caso tuvo poca trascendencia en Uruguay. No hubo ningún caso judicial iniciado a partir de estos documentos.

En abril del 2016, el secretario antilavado Carlos Díaz –fallecido en febrero de 2017– había anunciado auditorías a estudios jurídicos o contables, escribanos e inmobiliarias para revisar su documentación, pero nadie resultó sancionado o investigado.
Sí hubo algún movimiento a nivel impositivo.

Tras los Panama Papers, la Dirección General Impositiva (DGI) comenzó una investigación que tuvo algunos resultados.

Un año después, el organismo reliquidó unos US$ 3 millones a unos 95 contribuyentes que tenían actividades con sociedades offshore en paraísos fiscales, según había confirmado al diario El Observador el director de Rentas, Joaquín Serra.

En tanto, durante una disertación sobre los Panamá Papers, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, había dicho que, sean para fines lícitos o no, las offshore "pertenecen al mundo de la opacidad".

Mossack- Fonseca

Las consecuencias fueron más duras para el estudio jurídico Mossack- Fonseca que anunció hace menos de un mes el cierre de sus oficinas por falta de clientes, a raíz del golpe a su reputación que significó el escándalo de las sociedades offshore en paraísos fiscales.

El cierre formal se realizó el pasado 31 de marzo. La decisión era previsible. Desde que estalló el escándalo, Mossack- Fonseca ha ido recortando progresivamente personal.

La compañía llego a tener más de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo pero en los últimos meses funcionaba con apenas 50 empleados.

Discusión

En muchos países, la publicación de los documentos ha suscitado un intenso debate público. Mientras existen defensores de la máxima transparencia, también hay quienes defienden de manera prioritaria la privacidad de los negocios y destacan la ilegalidad de la publicación de datos privados.

Por otra parte, la libertad de expresión y de prensa, así como el acceso a la información, también se ponen sobre la mesa.

Sin embargo también se ha cuestionado que el acceso a los documentos originales no sea completamente público, de modo que cualquier ciudadano pueda evaluarlos y formarse su propia opinión.


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