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La directora nacional de energía, Olga Otegui, informó que, en breve, el Gobierno anunciará una rebaja en las tarifas de la energía eléctrica.
La jerarca sostuvo que el Gobierno está evaluando una serie de instrumentos que contemplan, desde la época del año hasta la exportación de energía a Brasil.
El Ministerio de Industria presentó este jueves la propuesta que la ministra Carolina Cosse anunció en el último Consejo de Ministros de Florida, que apuntaba a generar beneficios en la tarifa eléctrica para las empresas que mejoren sus exportaciones.
Otegui explicó que la rebaja alcanza a todas las empresas que exportan cuyo costo de energía eléctrica es significativo en su estructura y que están ubicadas en el territorio aduanero nacional.
La bancada de legisladores del Partido Nacional va a analizar la “confianza política" que le otorgó al Gobierno cuando se produjo la transformación de la Fiscalía General.
La senadora nacionalista Carol Aviaga, del sector Todos, había adelantado a El País que iba a plantear el tema porque "se le ha dado demasiado poder a una sola persona", tras las dificultades que se han constatado en el organismo.
La legisladora precisó que "no es un problema con Díaz" sino con "la estructura" que se creó, como por ejemplo el hecho de que la Fiscalía dependa directamente de la Presidencia y por ello escape al control del Poder Legislativo.
Este jueves, en declaraciones al programa Fuerte y Claro de Radio Informarte, la senadora resaltó que hay fallas evidentes en el sistema que se ha implementado. Agregó que a su juicio, "hay una injerencia en la independencia de los fiscales a la hora de trabajar y una dependencia entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalia de la Nación".
Con respecto al funcionamiento del Nuevo Código del Proceso Penal sostuvo que "no puede ser que se estén archivando casos con denuncias fundamentadas”.
El presidente Tabaré Vázquez, dijo que Uruguay no va a alcanzar los niveles de inseguridad de El Salvador o Guatemala.
Entrevistado por el semanario Búsqueda manifestó: “Estamos realmente muy lejos de ese escenario. Estoy seguro que no llegaremos a esa situación. Confío en las reservas morales, éticas, la seriedad y responsabilidad del pueblo uruguayo y de sus instituciones”.
El jefe de Estado agregó que su gobierno no teme a la hora de aplicar medidas en pos de atacar a la delincuencia, tal como lo había denunciado el director nacional de Policía, Mario Layera, en una entrevista con El Observador.
“En la práctica hemos demostrado que no tenemos ese sentimiento. Se hará lo que el sentido común indique que tengamos que hacer”, dijo.
En otro tramo de la entrevista coincidió con el subsecretario Jorge Vázquez sobre el hecho de que Layera no dijo nada que la cartera del Interior no haya señalado anteriormente y confirmó que pidió que ningún integrante del gabinete opine sobre estos dichos.
Vázquez agregó que el Gobierno está estudiando los problemas de coordinación que existen en la lucha contra la delincuencia que denunció Layera y próximamente habrá novedades, adelantó.
Sin brindar mayores detalles, adelantó que se buscará mejorar el intercambio entre los ministerios del interior, desarrollo social, ANEP, y BPS, tal como lo reclamó Layera.
Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala, formalizó ante la comisión de seguridad la convocatoria al director nacional de Policía, Mario Layera, tras sus declaraciones al diario El Observador.
Además el legislador propuso citar de manera posterior, a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, para conocer el nivel de intercambio de datos que realizan con la Policía.
El 74% de la población respalda que militares participen junto a la Policía en la gestión de seguridad pública. Un 22% está en contra y un 4% no manifestó su opinión.
El dato surge de la última encuesta de la empresa Opción Consultores. El tema lo puso arriba de la mesa el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga.
Si se considera el último resultado de la encuesta realizada en la segunda semana de abril, con el de diciembre pasado que marcaba que el 78% estaba a favor de implementar cadena perpetua para delitos muy graves, "vuelve así a observarse en la opinión pública uruguaya una prevalencia de quienes consideran deseable un endurecimiento de las políticas de seguridad", indica el estudio.
De todas formas, la consultora recuerda que con la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad hubo un comportamiento similar en cuanto al apoyo pero, de cara al ciclo electoral, la tendencia se revirtió.
Paysandú, Durazno y Lavalleja son los departamentos que tienen el índice más alto de denuncias por violencia doméstica.
La directora de políticas de género del ministerio, July Zabaleta, dijo a Búsqueda que el dato no refleja necesariamente que haya más hechos de violencia, sino que demuestra que se trabaja mejor.
En 2017 hubo cerca de 40 mil denuncias, a razón de una cada 14 minutos y no hay señales que la tendencia vaya a cambiar este año.
Colonia y Montevideo son los departamentos que menos denuncias de violencia doméstica tienen.
El representante de los docentes en el Codicen, Robert Silva fue declarado "persona no grata" por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES).
Silva anunció que solicitara que se investigue el simulacro de secuestro llevado adelante por estudiantes del Liceo IAVA a días de la Marcha del Silencio.
En un comunicado, ADES sostiene que la actitud de Silva es "antidemocrática tendiente a reprimir y perseguir y ajena totalmente a la Educación Pública".
El director ejecutivo del grupo EDUY21, Fernando Filgueira, afirmó que la propuesta no apunta a un modelo neoliberal de la educación ni pone en discusión la gratuidad del derecho.
El miércoles, la organización presentó las bases de su propuesta en un documento denominado "Libro Abierto. Propuestas para apoyar el cambio educativo".
Filgueira dijo en Radio Sarandí que los que piensan que hay un espíritu privatizador y mercantilista en la propuesta, no la leyeron.
Por otro lado Filgueira admitió como un error que no hubiera mujeres en el grupo de expositores que presentó el documento.
Desde el MPP, vía Twitter, se criticó la presentación del documento de EDUY 21.
“Dicen que no hemos progresado en ningún sentido, pero no tienen en cuenta todo esto”, dijo la fuerza política, que luego bajo el hashtag #LaEducaciónSíAvanza enumeraron una serie de logros.
En la lista se destaca que “Se ha logrado la inversión en educación más alta en la historia del país, casi 5% del PIB, desde 2005 se duplicó la inversión por estudiante en todas las ramas de la educación, se incrementó el salario real docente, maestros y profesores, en un promedio superior al 70%, desde 2004 y se construyeron 63 centros educativos de Primaria, 56 de Secundaria, 17 escuelas técnicas y cuatro centros dedicados a Formación Docente entre 2005 y 2016”.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo que las prioridades presupuestales del país son la previsión social, la educación y la salud.
El jerarca agregó que desde el Gobierno se está trabajando para alcanzar el 6% del PBI para la educación en la próxima rendición de cuentas y destacó los avances alcanzados en los últimos años.
Consultado sobre el revés parlamentario que sufrió el proyecto de ley que grava a las jubilaciones militares, García lamentó la decisión de los legisladores y recordó que en los últimos años el auxilio a la caja militar superó al monto de dinero destinado a la protección social.
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