Nos vemos en la haya

De todos modos, por la razón de la asimetría entre los dos países, el gobierno argentino sostuvo el conflicto por largos años tolerando que la gente de Gualeguaychú bloqueara el puente en violación a las más elementales normas del Derecho Internacional.  Aunque es cierto que durante aquellos años se mantuvo la incertidumbre sobre el desenlace que tendría  la demanda presentada por el gobierno de Kirchner ante la Corte Internacional de La Haya.

La incertidumbre se disipó con el fallo de 2010 que confirmó la obra y no condenó al Estado uruguayo por la instalación de la planta de celulosa. Acto seguido se levantó el bloqueo del puente y el asunto parecía haber terminado.

Por otra parte, tal como siempre sostuvo nuestro país, la planta construida en Fray Bentos era de las más avanzadas del mundo, cumpliendo con los mejores parámetros en materia ambiental, por lo que la guerra desatada por el gobierno argentino carecía totalmente de fundamento.

Sin embargo, durante todos estos años la delegación argentina ante la CARU impidió la publicación de los informes técnicos que medían el impacto ambiental de la ex Botnia. Lamentablemente, en el marco de una política débil y equivocada de la Cancillería uruguaya, el gobierno uruguayo aceptó no publicar los resultados de esos estudios que confirmaban que los efluentes que generaba la empresa estaban muy por debajo de los límites exigidos en materia ambiental.

La publicación de estos resultados habría sido contundente y habría demostrado la razón de la posición uruguaya sostenida durante todo el conflicto. Es obvio que ese mismo hecho fue el que determinó al gobierno argentino a no aprobar la difusión de los resultados.

El pedido de UPM de ampliación de la producción formulado este año se debe a un positivo aumento de productividad que ha logrado concretar la fábrica en funcionamiento. Sin embargo, era obvio que cualquier excusa serviría para que el gobierno argentino reflotara el conflicto perdido.

Por si quedaba alguna duda, especialistas y científicos argentinos reconocen que UPM no es un peligro ni genera daño ambiental. Acabamos de conocer la información de que el organismo argentino equivalente a nuestro LATU uruguayo, fue obligado a ocultar los resultados de sus análisis en 2009 porque estos demostraban que Uruguay tenía razón sobre la virtualidad de la gestión ambiental de UPM.

Pero ningún argumento sensato, serio o científico vale para la prepotencia y la falta de honestidad del gobierno argentino. Ante una decisión tímida del gobierno uruguayo, que buscó hasta el límite de lo aceptable, evitar un nuevo conflicto con Argentina, la reacción kirchnerista ha sido destemplada, patotera y arbitraria.

El gobierno uruguayo decidió autorizar la mitad del incremento solicitado (sin dar un solo argumento para explicar la medida parcial, ¿por qué la mitad y no todo?) y además le agregó exigencias ambientales innecesarias y sin fundamento puesto que la producción de UPM se desarrolla dentro de los parámetros más que aceptables. Sin embargo, nadie duda que esta decisión contradictoria se produjo con el afán extremo de contentar a los argentinos.

Los resultados están a la vista. Hace años que la conducta del gobierno argentino es demostrativa de un profundo desprecio por el diálogo y la buena voluntad. Siempre hemos creído que el kirchnerismo entiende este tipo de actitudes como expresión de debilidad y su reflejo es “atropellar” y pasarle por arriba a quien percibe como débil.

La amenaza argentina de ir nuevamente a La Haya a reclamar, a diferencia de la vez anterior, no genera la más mínima preocupación en nuestro país. A lo sumo, tendremos que destinar recursos valiosos para pagar los costos de un nuevo pleito, pero nadie en nuestro país tiene dudas sobre el resultado de este nuevo atropello del gobierno de la vecina orilla. No existe ningún argumento que sustente, ni siquiera por un instante, el nuevo reclamo argentino.

Entretanto, el gobierno argentino se aproxima a su propio fracaso en su política nacional que no podrá ocultar mediante la invención de una nueva causa ambiental, buscando unificar a los argentinos y disimular su crisis. Por otra parte, todo el mundo sabe en Argentina las debilidades y contradicciones ambientales que este país arrastra como para convertirse en el paladín de la defensa del equilibrio ecológico.

Así como el ultimátum de Timerman no fue más que un espasmo político sin fundamento, como aquel que abrazado a un amigo gritaba: “agarrame que lo mato”; la amenaza de ir nuevamente a La Haya no es más que una nueva expresión de impotencia de parte de un país mucho más grande que, sin embargo, fruto de sus propia arrogancia, se enfrenta a un nuevo fracaso.

Es triste que el gobierno argentino someta a su pueblo a tantos ejercicios de pérdida de prestigio e imagen internacional. El pueblo argentino no se merece tal destrato.

Pero si insisten y no hay otra: nos vemos en La Haya.

Por Pablo Mieres