Según informa El Observador la idea que busca poner fin a la violencia en el deporte "es una herramienta" para que el gobierno pueda actuar, comentó Lacalle Pou al dar a conocer la iniciativa que, en principio, regirá para los espectáculos de fútbol y básquetbol.
Según argumentó Lacalle Pou, "la importancia sociocultural de los deportes son vitales en la identidad nacional, y además son elementos de destaque para Uruguay a nivel internacional".
Por ese motivo, afirmó que se han realizado acuerdos entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Básquetbol, y "esos acuerdos no han tenido el éxito esperado y han devenido inaplicables, producto de los impedimentos jurídicos que alcanzan a los clubes en cuanto a ejercer el derecho de admisión por vía coercitiva y o permanencia de personas violentas fuera del dominio de sus actos en los espectáculos que ellos organizan; además de impedimentos de carácter económico como el uso de cámaras de seguridad en todos los recintos deportivos".
En los próximos días, los legisladores nacionalistas se reunirán con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacional, Peñarol y los directivos de la Federación Uruguaya de Basquetbol.
La idea central es que haya un trabajo de coordinación con los clubes para determinar quién podrá entrar y quien no a los estadios, se explicó.
En algunos casos, esa lista se realizará en función de los antecedentes judiciales de los violentos y en otros bastará con que haya elementos de prueba que determinen –por ejemplo si alguien fue identificado por las cámaras– que se trata de una persona no grata para los espectáculos.
Proyecto de Ley
Artículo único: Establécese que el derecho de admisión y permanencia a los espectáculos públicos deportivos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y/o la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUB) será ejercido exclusivamente por el Ministerio del Interior, el que por razones de interés general podrá impedir el ingreso o permanencia de personas que hayan sido protagonistas o protagonicen actos de violencia, provocado o alentado incidentes violentos, que presenten signos de ingesta de alcohol o estupefacientes, debiendo proceder a su detención y puesta a disposición de la justicia competente cuando corresponda.
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