La inflación no es de izquierda ni de derecha

Decía Felipe González “la inflación no es de izquierda o de derecha, es simplemente inflación” y de este modo justificaba la necesidad evidente de que el gobierno socialista español asumiera una política económica equilibrada y austera que evitara los negativos efectos que produce el mencionado fenómeno.

Las respuestas frente a la inflación tampoco son de izquierda o de derecha. Simplemente existen formas de combatir o prevenir la inflación que son eficaces y adecuadas y otras que no lo son.

Por otra parte todos sabemos que los efectos de la inflación impactan particularmente entre los sectores de población de menores recursos, por lo que su consecuencia es, además, negativa desde la perspectiva de la equidad social.

Por tanto, el objetivo del combate a la inflación es totalmente compartible, necesario y de primer orden. Sin embargo, las opciones que ha tomado el gobierno para enfrentarla no son las más adecuadas ni eficaces.

Primero se optó por el camino que ya se había recorrido anteriormente, operando sobre las tasas de interés para abaratar el dólar. Como es bien sabido, el impacto de la devaluación del dólar deriva en forma más o menos directa sobre la competitividad de nuestra economía y, por lo tanto, sobre las oportunidades de crecimiento de nuestras exportaciones, en la medida que nos volvemos más caros con respecto a otras sociedades con las que competimos o a las que les vendemos nuestros productos.

Por eso este camino para el combate a la inflación no es positivo ni adecuado. Desde el gobierno en oportunidades anteriores se minimizó el impacto sosteniendo que estábamos alineados con la situación cambiaria de Brasil. Sin embargo, ahora ese argumento tampoco se puede sostener, puesto que Brasil se ha separado nítidamente de nuestra trayectoria, optando por ajustar el precio de su moneda a la baja con respecto al dólar.

Entonces, cada vez estamos más peligrosamente solos en esta orientación.

La segunda opción ha sido la de conversar con los actores empresariales para que frenen por decisión propia los precios de los productos más sensibles. Cualquiera debe reconocer que esta alternativa es, por lo menos, poco elegante. Lo que la política económica no logra mediante la toma de decisiones adecuadas, se le exige a los actores empresariales presionándolos para que actúen en forma contraria o, al menos, resistente con respecto a las tendencias del mercado. Ha fallado el freno y entonces echamos mano al freno de mano.

Pero todos sabemos que los verdaderos instrumentos sobre los que hay que operar para que la inflación no crezca de manera inconveniente están bajo la órbita de decisión de la conducción económica y dependen de decisiones políticas que, para un partido que posee mayoría parlamentaria propia, no debería generarle mayores dificultades.

Obviamente nos referimos a la evolución del gasto público y del salario.

Pues bien, en ambos casos el gobierno ha actuado en dirección opuesta como si estos asuntos nada tuvieran que ver con el empuje inflacionario. Es particularmente preocupante el comportamiento con respecto al gasto público, en la medida que la reciente Rendición de Cuentas aprobada en el Parlamento ha sido un claro ejemplo de su inconveniente expansión.

En efecto, el problema nace de la forma en que se interpretó y aplicó el resultado fiscal de 2011, los famosos ciento cuarenta millones de dólares que aparecieron en el cierre de las cuentas del año pasado fueron asumidos como nuevo “espacio fiscal” para gastar, cuando en realidad se trataba de una simple reducción del déficit fiscal con respecto al estimado previamente.

Pero en vez de aprovechar el éxito del resultado 2011 para mantener la rienda corta en la rendición de cuentas 2012, se asumió que había “tela para cortar” y se ocupó, como siempre, todo el supuesto espacio fiscal existente.

Ahora, entonces, se apela a la responsabilidad de los actores empresariales para que frenen su afán de ganancia; mientras que el gobierno no dio el ejemplo con la rendición de cuentas que acaba de aprobar en el Parlamento, mostrando en todo su esplendor su afán de aumentar el gasto público. Ni siquiera entramos en la discusión, que daría para mucho más, sobre la calidad y la efectividad del gasto, porque además de aumentar en forma permanente el gasto, todos sabemos que los resultados que produce son muy magros y poco efectivos.

Entonces, la cuestión no es si hay que frenar la inflación, cosa que obviamente a esta altura de la historia forma parte de un consenso indiscutido. La cuestión es qué instrumentos utiliza el gobierno para hacerlo y si estos son efectivamente idóneos o, por el contrario, si prefiere optar, como lo ha hecho, por medidas que poseen un efecto de cortísimo plazo.

Con las decisiones tomadas parece claro que la meta es lograr el gran objetivo inmediato de evitar que la inflación llegue a dos dígitos en el presente año, apostando a que las variables externas luego operen de manera favorable a un enlentecimiento de la inflación.

En definitiva, parecería que no se quiere “agarrar el toro por los cuernos”, para ello se deberían encarar decisiones vinculadas con las verdaderas causas del proceso inflacionario.

Pablo Mieres