La Constitución y el Partido

Otras normas corren el riesgo de seguir el mismo destino. En estas horas se indicó que el proyecto de ley de medios y el proyecto de ley de legalización de la marihuana tienen disposiciones que violan la Constitución, por lo que serían cuestionables ante el máximo organismo judicial.

No han sido poco importantes las normas declaradas inconstitucionales, estamos refiriéndonos a la ley de anulación de la ley de caducidad (mamarracho jurídico si los hubo), la ley de tributación a la propiedad de la tierra o la ley de PLUNA, unánimemente señalada como grotescamente inconstitucional. Tampoco son poco importantes las que figuran en la agenda futura.

Por supuesto que en varios de estos casos el Frente Amplio la emprendió contra la Suprema Corte de Justicia; incluso ha generado un ambiente tan negativo y con tanta presión que los uruguayos nos estamos acostumbrando a la triste imagen de un edificio de la Suprema Corte rodeado de vallas para evitar eventuales agresiones físicas.

Se está perdiendo el respeto por la separación de poderes, presionando indebidamente al Poder Judicial. Por otra parte, ante un gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento que prioriza la aprobación de sus iniciativas legislativas a como de lugar, el Poder Judicial se ha convertido en el único freno a cierta tendencia a “llevarse todo por delante” que parece prevalecer entre algunos de los integrantes del partido de gobierno. Todo muy preocupante.

Es que la causa profunda de este desquicio institucional es la mayoría absoluta de la que dispone el partido de gobierno, por la que sin miramientos ni cautela aprueba en el Parlamento lo que le parece, haciendo gala de una soberbia y omnipotencia muy grave.

Pero el problema adicional y mucho más grave, es que estos atropellos al texto constitucional no son el resultado de descuidos involuntarios. Todo lo contrario, en todos los casos existieron advertencias numerosas, no solo de parte de representantes de partidos políticos que no estamos en el gobierno, sino de los principales especialistas en Derecho Público. Sin embargo, todas esas advertencias fueron desoídas, al punto de que en el caso más reciente el Ministro de Economía declaró que nadie le había advertido. Como dice el dicho: “no hay peor sordo que el que no quiere oír”, a tal punto ha llegado la soberbia política de algunos de los integrantes del gobierno.

Pero la situación es peor aún, puesto que en varios casos han existido legisladores del partido de gobierno que han expresado, públicamente en algunos casos y  en privado en otros casos, su convicción de que determinada norma es inconstitucional, pero la han votado a sabiendas de tal circunstancia.

Esto significa que para algunos legisladores del Frente Amplio la disciplina o el mandato partidario está por encima del respeto a la Constitución. En efecto, si un legislador vota a sabiendas una norma inconstitucional porque entiende que su partido se lo exige, está poniendo por delante su lealtad partidaria a su lealtad a la institucionalidad del país.

La consecuencia de esta forma de actuar es muy grave. Implica que para ese dirigente político el partido político al que pertenece está por encima de las reglas de juego nacionales. La razón del partido pasa a ser prioritaria con respecto a los acuerdos básicos que rigen la convivencia social y política de nuestra comunidad nacional.

Si la disciplina partidaria está por encima del respeto a la Constitución, estos dirigentes partidarios coinciden con la tristemente célebre y grave afirmación del Presidente de la República cuando sostuvo que en algunas ocasiones “lo político está por encima de lo jurídico”.

También los legisladores frenteamplistas que creen que su primera lealtad es al partido, están asumiendo que lo político está por encima de lo jurídico. Grave problema tenemos si un partido en el que predominan estos criterios, tiene mayoría absoluta en el Parlamento.

En buen romance, este orden de prioridad en la conducta política es un fuerte indicio de debilidad en las convicciones democráticas que debería generar una profunda reflexión entre los que así actúan.

Conocemos en la historia del siglo XX muchos casos en los que se puso la razón de partido por encima de las normas generales que rigen a una sociedad. Su resultado fue siempre el debilitamiento de la democracia y el avance del autoritarismo. No decimos que esto esté ocurriendo en nuestro país, pero si no se corrigen estas tendencias, corremos el riesgo de que se descuiden los reflejos democráticos fundamentales.

Razón de más para declarar la guerra a las mayorías absolutas. 

Por Pablo Mieres