Guerra a la mayoría absoluta parlamentaria

¿Por qué le hemos declarado la guerra a la mayoría absoluta parlamentaria? Porque vamos a dedicar los mayores esfuerzos a convencer a los ciudadanos de que no deben extender este mandato mayoritario al Frente Amplio por cinco años más. Las razones son numerosas y  categóricas.

En primer lugar, porque la mayoría absoluta en el Parlamento para el Frente Amplio se ha combinado con la disciplina partidaria que este partido aplica, acompañada de la apelación a la unidad de ese partido. Esto ha llevado a que, en muchas ocasiones, las decisiones se han impuesto con independencia de la opinión particular de los legisladores.

En segundo lugar, porque esta circunstancia ha determinado que el Parlamento no cumpla con la función prevista en la Constitución, de ejercer un control y equilibrio con respecto a la actividad del Poder Ejecutivo. Un Parlamento integrado de esta forma se convierte en una “polea de trasmisión” de las decisiones del Poder Ejecutivo, sin operar como el contrapeso efectivo que debe ejercer el Poder Legislativo.

En particular, dos de las tres actividades de contralor parlamentario han desaparecido o se han convertido en meros ejercicios discursivos. Las comisiones investigadoras han dejado de existir porque para que se constituyan requieren del voto conforme de la mayoría de los integrantes del cuerpo legislativo y, lamentablemente, el Frente Amplio ha impedido el funcionamiento de este instrumento. Particularmente grave es el caso de PLUNA cuyas características, por demás sorprendentes y graves, hubiera ameritado en cualquier país del mundo, la formación de una investigación parlamentaria.

Sin embargo, a pesar de todo el peso de los hechos ocurridos, la bancada del Frente Amplio se abroqueló e impidió la formación de una Comisión Investigadora al respecto, lo que hubiera prevenido algunos de los numerosos “desaguisados” que se cometieron.

Por otra parte, las interpelaciones a los ministros, que han continuado existiendo porque la Constitución establece que alcanza con el voto conforme de un tercio de los legisladores, han dejado de tener significación puesto que se trata de meras gimnasias parlamentarias con resultado previsto. A tal punto que en varios casos la declaración final expresando la satisfacción con las explicaciones brindadas por el o los ministros ya está redactada antes de que comience la interpelación parlamentaria.

Por tanto, el Parlamento solo mantiene el instrumento de realizar pedidos de informes a la Administración; pero también en este aspecto ha habido un deterioro en la medida que las respuestas a los pedidos de informes han disminuido sustancialmente, seguramente bajo el amparo de que un Parlamento con mayoría absoluta para el partido de gobierno, no va a cuestionar ni exigir a los jerarcas gubernamentales que se dignen contestar las solicitudes de información formuladas.

Pero, además, el Parlamento así conformado ha aprobado un elevado número de leyes inconstitucionales. De hecho, en este período ya van seis leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia y se anuncian varias más. Un record verdadero y muy triste que habla muy mal del respeto por la Constitución por parte del partido de gobierno.

Particularmente grave en la medida que en muchas ocasiones diversos legisladores del partido de gobierno votaron leyes a sabiendas de su inconstitucionalidad. Para estos legisladores la fidelidad al partido y la disciplina partidaria está por encima del respeto a la Constitución; ese es un camino enormemente peligroso porque termina en la preeminencia de la razón de partido por encima del respeto a las reglas de juego, lo que implica una grave afectación a la institucionalidad democrática.

Más grave aún es que para algunos de los integrantes del partido de gobierno, la culpa es de la Suprema Corte e, incluso, ya se han formulado ideas o propuestas para recortar el poder o la independencia de criterio del Poder Judicial.

Por otra parte, habida cuenta de la existencia de importantes niveles de discrepancias sobre las orientaciones de políticas públicas entre diferentes sectores del Frente Amplio, cuya evidencia fue muy notoria durante todo el período actual de gobierno y se pusieron particularmente de manifiesto en los debates del reciente congreso de ese partido, la continuidad de una mayoría absoluta en el Parlamento implicará que, si así ocurre, el Presidente electo quedará preso del ala más radical del partido de gobierno, que exigirá cambios en el sentido “revolucionario” para aportar su voto decisivo.

Existen muchos y crecientes indicios de que ciertos sectores del partido de gobierno han decidido no postergar más sus convicciones de revolución (fundadas en ideas y propuestas ciertamente perimidas en todas partes del mundo) y dejar de hacer lo que ellos consideran “precalentamiento socialdemócrata”.

Por el contrario, un escenario sin mayoría absoluta será una oportunidad para desarrollar el diálogo político y generar acuerdos que permitan construir mayorías plurales y con un énfasis acorde a un proyecto de transformación social que permita, por ejemplo entre otras cosas, comenzar a ejecutar una demorada y urgente reforma educativa que no se ha ejecutado por las diferencias internas en el partido de gobierno.

La guerra a la mayoría absoluta tiene como finalidad que el próximo período de gobierno pueda hacer posible los cambios que han impedido que esta década de crecimiento económico formidable, sin embargo, no haya sido la oportunidad para la profunda transformación de nuestra sociedad en materia de educación, salud, desarrollo de la infraestructura y recuperación de la seguridad.

Por Pablo Mieres