En declaraciones a Canal 10, Gómez defendió ese acuerdo porque permitió obtener más información para seguir investigando.
Además sostuvo que “no es admisible que un fiscal de la rama que sea pueda enfrentar su tarea con temor”.
Por último destacó que con el acuerdo se recuperaron para el Estado propiedades compradas o construidas con dinero sucio por más de 10 millones de dólares.
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