Según informa El Espectador, las empresas no descartan demandar al Estado como garante solidario en una acción legal conjunta que están iniciando. Las tareas se desarrollaron con normalidad y en diciembre comenzaron las dificultades entre Gaz de France y OAS. Fue allí que se pararon las obras y más de 500 trabajadores quedaron desempleados o en seguro de paro.
Desde el Gobierno, fuentes del Ejecutivo informaron a esa emisora que está "muy encaminado" el armado de un llamado internacional a interesados para terminar la regasificadora.
Este martes el consorcio GNLS emitió un aviso en los diarios en donde aclara que cierra su participación en el proyecto. A partir de ahora se abre una nueva etapa para el proyecto una vez que se concrete el pago de la garantía de 100 millones de dólares al Ejecutivo, tal como lo establece el contrato.
Desde la oposición el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El Espectador que el Gobierno debe asumir que "el proyecto fracasó" y tiene que dejar de "tirar cortinas de humo" para enfrentar con "tranquilidad" la discusión de si vale la pena seguir adelante o no, tomando en cuenta la coyuntura actual.
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