Fonasa: apropiación indebida

Este aporte tiene un tope que está fijado expresamente por ley, por lo tanto el Estado debe devolver a los contribuyentes los dineros que en exceso se han aportado durante el año anterior. Es bueno señalar que el tope incluye un equivalente al costo de la cuota mutual más un 25% extra que tiene un neto contenido de solidaridad hacia el conjunto del sistema. De modo que en el diseño original del sistema ya se había considerado la necesidad de un concepto solidario para que los que poseen mayores ingresos aportaran a la financiación del conjunto del sistema.

Por otra parte, la contribución al FONASA no es un impuesto sino que se trata  de una contribución y, como tal, debe guardar proporción entre el aporte del ciudadano y la contraprestación que se obtiene que está vinculada a los derechos de asistencia de salud.

Conviene también recordar que los uruguayos ya estamos pagando mucho por la atención de nuestra salud y, sin embargo, la calidad de la atención de la salud no ha hecho otra cosa que deteriorarse. Baste al respecto indicar que la demora en el acceso a los especialistas en el sistema privado de atención médica es mucho mayor que antes de que se instrumentara esta reforma.

La situación es aun más grave en el sector público de la salud, en la medida que ASSE ha transferido al sector privado más de cuatrocientos mil usuarios y, sin embargo a pesar de la enorme reducción de la población que atiende, el gasto de este organismo no ha dejado de aumentar y la calidad de esa asistencia también ha empeorado.

Por lo tanto, el gobierno no está legitimado para exigir que los ciudadanos que ya realizan el aporte máximo al sistema aumenten ese aporte de manera sustancial sin que exista ninguna mejora en la atención médica.

Por si algo faltara, resulta también muy evidente que la idea de apropiarse del excedente del aporte al FONASA no surge como resultado de un análisis del sistema de salud o como conclusión de un rediseño del sistema, sino que la única justificación es la desesperación gubernamental por echar mano a nuevos fondos que, para variar, saldrán de los bolsillos de los uruguayos, particularmente de aquellos que ya pagan todos sus impuestos y obligaciones.

Además, si se instrumentara esta idea se estaría castigando a los que más se les descuenta y, en ese caso, como la magnitud de los descuentos no solo está atada al nivel salarial sino que también está vinculada a la existencia de integrantes del núcleo familiar que se tienen a cargo, seguramente el castigo será particularmente más gravoso para aquellos que tienen hijos menores que para aquellos que no los tienen.

No son los ricos los que reciben la devolución del FONASA, son asalariados con ingresos medios y altos que realizan sus aportes puntualmente y se les descuenta de manera excesiva con respecto a lo que establece la propia legislación vigente.

La eliminación de la devolución de los aportes excesivos al FONASA supondría una verdadera estafa a los ciudadanos, en la medida que les aumentan repentina y desproporcionadamente el costo de la asistencia de la salud sin que se les otorgue ningún nuevo beneficio. No hay duda de que se trata de un impuesto oculto que, además, ni siquiera guarda relación con la capacidad contributiva de quienes lo pagan.

Porque aunque el FONASA se transforme por vía legislativa en un impuesto, no se cumplirá con el requisito de que exista alguna relación entre el monto del impuesto y la capacidad contributiva de quienes sean gravados.

Pero lo más grave es que este gobierno que busca quitarle a un sector de la ciudadanía lo que le corresponde; por otro lado despilfarra sin ton ni son decenas y centenas de millones de dólares pagando aviones que garantizó son ningún fundamento ni explicación; en financiar la creación de una nueva aerolínea que se sabe que no es viable; en la construcción del ANTEL Arena para mayor gloria de algún jerarca entre otras muestras de gasto sin límite ni criterio.

En síntesis, es un mamarracho desde el punto de vista técnico y es un verdadero “robo”, en la medida que el Estado se estaría apropiando indebidamente de la plata de sus ciudadanos.

Por Pablo Mieres