El Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, explicó en conferencia de prensa los motivos por los que pidió el procesamiento sin prisión del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, y otros exdirectores y gerentes. Aclaró que no se detectó "enriquecimiento patrimonial de ninguno de los indagados".
Para pacheco "son dos los grandes temas en los que la Fiscalía ha advertido supuestas irregularidades en actuación de los señores directores de Ancap". Por un lado "el contrato de Ancap con Trafigura en el año 2010 en empresas seleccionadas sin licitación" y otro es "el contrato de Ancap con Exor para la cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa en los años 2010 y 2012", explicó.
"Las personas respecto de las cuales se solicitó el procesamiento han incurrido en el delito de abuso de funciones. La Fiscalía es consciente de que es un delito que ha sido cuestionado pero es un delito que no está derogado, está vigente", agregó.
Para Sendic, según informa El País que accedió al documento, Pacheco pidió el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".
El procesamiento, en caso de que sea aceptado por la jueza del caso, Beatriz Larrieu, será sin prisión debido a que si bien se rige por el Código de Proceso Penal anterior, existe en Uruguay un nuevo código y todas las normas más favorables de este se aplicarán a los indagados.
Sin enriquecerse
Además el fiscal informó que "se levantó el secreto bancario de cada una de las personas indagadas y tras el análisis económico patrimonial realizado por el equipo multidisciplinario que colaboró con la investigación no se detectó el enriquecimiento patrimonial de ninguno de los indagados".
Interrogado sobre los gastos realizados durante la fiesta de inauguración de la planta de Ancap, Pacheco dijo que si bien la cifra resulta "exorbitante" y por tanto "se podría cuestionar el monto", no implica que se pueda cuestionar "su legalidad".
Este lunes El País informó que, en paralelo, la jueza Beatriz Larrieu pidió a la Jutep un informe sobre el uso de las tarjetas corporativas de Alur por parte del senador Leonardo De León, expresidente de esa empresa.
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