Según informa El Observador que tuvo acceso al documento, en ese proyecto se apunta también a que las sanciones a la violación de esos cambios no se limite a multas sino que se le dé paso a la Justicia.
El documento proponen dotar a la Corte Electoral de los recursos necesarios para crear un departamento de Auditoría, crear una nueva estructura estatal que trabaje en pos de ese objetivo, darle atribuciones al Tribunal de Cuentas, dotándolo de recursos o generar una coordinación entre DGI, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
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