Según informa El Observador, el texto añade que serán confiscados los slots clandestinos y que se pondrán multas proporcionales al "daño económico" que se le haya ocasionado a los apostadores o a la ganancia de quien realizaba el juego clandestinamente.
En caso de que no se pueda determinar, la multa será de hasta 15 millones de unidades indexadas ($ 48 millones según el valor actual). La pena para los infractores irá de 12 meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Además el proyecto crea la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar, que antes era la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
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