El cambio en la policía: un desafío impostergable

En efecto, más allá de los diferentes posicionamientos políticos que cada uno tenga, lo cierto es que la crisis de la seguridad pública es un asunto de la mayor trascendencia. Es por larga distancia, el principal problema percibido por la sociedad uruguaya. Es, además, sin ninguna excusa, un tema en el que se ha producido un ininterrumpido proceso de deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana cada vez mayor y más profundo.

Por lo tanto, los esfuerzos que se realicen en el sentido de revertir el proceso de deterioro señalado deben ser valorados y apoyados más allá de las trincheras partidarias  y de los cálculos electorales.

Siempre sostuvimos que la clave del cambio en materia de seguridad estaba en una reestructuración profunda de la institución policial, acompañada de una modificación de la estrategia de combate al delito. En tal sentido, es cierto que las autoridades actuales del Ministerio del Interior han iniciado un proceso de cambio institucional, que podrá no ser todo lo abarcativo o global que debiera, pero sin lugar a dudas se orienta en la dirección correcta.

La estrategia adoptada implica un cambio en el despliegue de las fuerzas policiales en el territorio y una modificación en la modalidad de actuación policial mediante una reestructuración y un reordenamiento de las diferentes reparticiones y direcciones de ese aparato del Estado.

Esta nueva perspectiva, a estar por las propias declaraciones de los involucrados, ha sido desafiada o se la ha intentado desvirtuar por parte de diversos integrantes de la institución policial que se rebelan ante cambios que pueden quebrar inercias y costumbres burocráticas, cuando no lisa y llanamente conductas ilícitas que se amparan en una lógica de “dejar correr” o “mirar para otro lado”.

La gravedad de la situación interna del instituto policial se puso de manifiesto ante la renuncia del Jefe de Policía de Montevideo, causada según se ha difundido públicamente, por situaciones de desobediencia a las directivas políticas definidas desde la cúpula del Ministerio del Interior.

Es evidente y se ha hecho explícito, que existen fuertes resistencias en algunos sectores de la institución que quieren evitar los cambios implementados. Seguramente habrá quienes se oponen por comodidad y por apego a las viejas rutinas; otros por miedo a un tipo de accionar más exigente y, en cierto modo, riesgoso; y finalmente también habrá quienes se oponen porque sienten que pueden perder el acceso a ciertas situaciones ilícitas o a ciertos beneficios indebidos.

La gravedad de la situación también se pone de manifiesto ante el hecho de la presencia del Presidente de la República, de todo el gabinete ministerial y del mismo ex Presidente Tabaré Vázquez en el acto de asunción del cargo del nuevo Jefe de Policía.

La misma existencia de las mencionadas resistencias se convierte en una certificación de que se está transitando por un camino correcto; porque indica cuán profundamente se están tocando algunas situaciones no deseadas dentro de la policía. Si los cambios fueran irrelevantes, no se generarían resistencias o boicots tan fuertes.

Frente a estas circunstancias no se pude dudar en respaldar el accionar ministerial en este sentido. Ello no significa que estemos de acuerdo con la política de seguridad del actual gobierno. Ciertamente miramos la realidad en materia de seguridad con mucha preocupación y con una mirada crítica. Pero no podemos dejar de reconocer que la orientación asumida en materia estratégica con respecto a la actuación policial es, en términos generales, correcta.

En estas cosas no se puede dudar y mucho menos, realizar cálculos políticos o electorales. Hay que manifestar con claridad el apoyo al principio del respeto de las autoridades y la obligación de que en la institución policial se respete la verticalidad del mando. Es mucho lo que está en juego, hay que hablar claro y defender la institucionalidad sin ningún tipo de ambigüedad.

Pablo Mieres