Educación: un año perdido y graves daños colaterales

La crisis de autoridad en la educación es muy notoria y evidente, ni siquiera pueden resolver las cosas más básicas vinculadas con el año curricular. La pérdida de autoridad nace de una actitud débil desde que se inició el conflicto, hace ya más de tres meses.

No se ha defendido a los jóvenes y a las familias de este país que son los que pagan la cuenta del desastre educativo.

La sensación de catástrofe es completa. El año 2013 pasará a la historia como uno de los más negativos para la formación de las nuevas generaciones. La pérdida de clases, la discontinuidad, el desaliento que estas circunstancias generan en la actitud de muchos adolescentes y jóvenes es realmente muy grave.

Los daños colaterales de este conflicto no han sido cuantificados y, además, muy poco se ha dicho al respecto. La atención se ha concentrado en las respuestas del gobierno y las posiciones de los gremios en conflicto. Sin embargo, existe una gran mayoría silenciosa que está pagando al contado las consecuencias de esta grave situación.

¿Alguien tiene alguna duda de que la discontinuidad de clases y las suspensiones permanentes tienen un fuerte impacto en la motivación de muchos adolescentes y jóvenes, impulsándolos al abandono y la deserción?  Es una paradoja brutal que un país en donde los indicadores educativos generan alarma y luces amarillas por todos lados, se de el lujo de promover desde la propia gestión del sistema una situación que lo que mejor hace es expulsar a los jóvenes de las aulas.

Sabemos que estamos en el fondo de la tabla en lo que tiene que ver con el porcentaje de jóvenes que terminan la enseñanza media en América Latina, ya no comparados con el mundo desarrollado. Seguramente un año lectivo como el que está por terminar lo único que hace es incrementar la debacle y aumentar los niveles de deserción, en definitiva quedarnos mucho más atrás.

¿Alguien puede dudar de que los niveles de aprendizaje de los estudiantes que han persistido y continúan asistiendo a clase, a pesar de todo el viento en contra, serán mediocres e incompletos en muchos casos? Los cursos son procesos acumulativos en los que la continuidad tiene un componente que potencia los niveles de aprendizaje; por el contrario las constantes interrupciones impiden que se generen saltos cualitativos en el conocimiento; siempre se empieza de nuevo como si fuera desde cero.

Es indiscutible que al final del año, si se midieran los resultados, seguramente se observará un deterioro de los niveles de aprendizajes alcanzados dadas las circunstancias anormales vividas.

Pero, además, ¿se ha evaluado el daño generado en las familias? ¿Se tiene conciencia del impacto que una sucesión indeterminada de suspensiones de clases genera en el funcionamiento familiar? ¿Cuántos niños y adolescentes han quedado “en banda” durante largas tardes o mañanas en las que se suponía que estarían en una institución educativa, de acuerdo a lo que cada familia planifica cuando organiza sus horarios a comienzos de año.

La contribución a la crisis de integración social por parte de un sistema educativo paralizado ha sido este año sustancialmente importante y grave.

¿Cuánta ha sido la contribución a incrementar casos de los que no estudian ni trabajan. De hecho durante largas jornadas muchos de nuestros jóvenes y adolescentes fueron temporalmente sumados a los “ni ni”.

Por eso duele tanto la falta de energía de las autoridades educativas para prevenir, enfrentar y generar una estrategia alternativa ante la conflictividad salvaje que se desató a partir de junio de este año.

Justamente, este es uno de los graves problemas. Ya lo habíamos notado el año pasado cuando fracasó por incumplimiento el segundo acuerdo educativo, este gobierno no quiso llevar adelante medidas o programas que lo enfrentaran con las cúpulas gremiales de la enseñanza que son, desde hace años, los principales defensores del “statu quo” que nos ha ido llevando al actual nivel de deterioro.

El gobierno tiene una enorme responsabilidad en el descalabro, que es mayor porque sabe muy bien qué es lo que había que hacer y prefirió evitar conflictos a impulsar los cambios y las reformas insoslayables. De todos modos se quedó “sin el pan y sin la torta” porque a pesar de su preocupación por evitar conflictos con los sindicatos, este año sufrió uno de los conflictos más duros de los últimos años.

O sea que se sacrificaron los cambios ineludibles por una “paz sindical” que tampoco se logró. Un fracaso en toda la línea.

Pero lo más grave es que la virulencia de las acciones gremiales y su intransigencia eran propias de otra situación, porque el gremio no reclamaba ante la pérdida de derechos o beneficios preexistentes, tampoco reclamaba por la pérdida de poder adquisitivo del salario o porque sus salarios estaban congelados. La demanda era por aumentar más rápido los niveles de recuperación salarial.

Esto es otro componente indignante que se suma al cuadro general. El gremio llevó el conflicto a extremos máximos afectando definitivamente el año lectivo porque querían aumentar más rápido su salario real, no estaba en juego una pérdida de ingresos o beneficios. Ha habido una sorprendente y preocupante desproporción entre el objeto del conflicto y los instrumentos y la actitud de quienes impulsaron las acciones.

Así las cosas el año ya está perdido; en realidad ya está perdido este período de gobierno que se inauguró con la consigna de que la educación sería el tema prioritario número uno. El gobierno terminará su gestión con un rotundo y extendido fracaso; a tal punto que ya el candidato presidencial del partido de gobierno acaba de anunciar que ese, junto a la seguridad, será el tema principal del próximo período de gobierno.

Pero para revertir la situación hay que tomar decisiones firmes, enérgicas y decisivas; respaldo político y social no va a faltar; solo ha faltado la voluntad política.

Por Pablo Mieres