Demanda de Petrobras a Estado uruguayo es por perjuicios en el negocio del gas

La estatal brasileña Petrobras explicó que la demanda millonaria que emprende contra el Estado uruguayo, responde a los cambios en las condiciones de sus negocios en nuestro país, específicamente a la restricción para comprar gas exclusivamente desde Argentina a un precio mayor que el internacional.

Si bien la empresa no detalló el monto de la demanda que realiza a través de sus filiales en Montevideo (MontevideoGas y Conecta), el sindicato (que ocupó las instalaciones a comienzos de esta semana) estimó que esta alcanza a los US$ 100 millones.

Los trabajadores aseguran que Petrobras busca no invertir para la producción en Uruguay y de esa manera mantener el negocio funcionando en malas condiciones para luego demandar al Estado.

Desde el gobierno dijeron desconocer el monto de la demanda.

Petrobras señala que las condiciones para la concesión de sus negocios en Uruguay, que datan de 1994 y 1999 "no perduraron" y que el costo para la importación de gas argentino (único proveedor para Uruguay) se multiplicó ocho veces entre 2005 y 2015.

Consideran que debido a que los costos no fueron reconocidos en las tarifas al público, ello generó un "desequilibrio económico-financiero en los contratos de las distribuidoras en Uruguay, principalmente a partir de 2008".

Se suma que desde mayo de este año "las condiciones de suministro de gas para las distribuidoras en Uruguay empeoraron".

"Se encarecieron y los nuevos costos aún no fueron contemplados en las tarifas por el Estado uruguayo. Un nuevo contrato, negociado entre la estatal uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), y la estatal argentina Energía Argentina S.A. (ENARSA), sin participación de las distribuidoras, es ahora la única opción de adquisición del gas en Uruguay", manifiesta la empresa en un comunicado.

A su vez, la empresa reprochó la actitud del Estado de ejecutar la garantía de MontevideoGas por "incumplimiento del pago de parte del arrendamiento (canon) por el uso de los bienes concedidos", cuando la empresa pagaba la parte "no controvertida" del canon, ya que la otra parte se estaba "discutiendo en el ámbito administrativo".