Decreto antipiquetes: bancada del FA se reunirá con Bonomi

Debido al malestar existente dentro del propio Frente Amplio (FA) a raíz del decreto firmado por el Poder Ejecutivo, la bancada de esa fuerza política se reunirá la próxima semana con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Mientras que el decreto generó críticas dentro del FA y en el ámbito sindical, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, defendieron la medida.

Bonomi dijo “ya había un decreto que trataba de impedir que se cortara las rutas” y que lo que los manifestantes “hacen muchas veces es dejar un camión en la ruta y se van y por eso se habilita a la Policía a retirarlo”.

Señaló que “aún en el ejercicio de huelga no se pueden cortar rutas nacionales” y agregó que “si la Policía ve un camión en el medio de la calle lo primero que hace es negociar”, que “no es automático” que los agentes vayan y los obliguen a retirarse: “Muy pocas veces ha habido el uso de la fuerza, pero el tema está planteado desde el primer gobierno. No es nuevo”, dijo.

Por su parte, Arismendi, expresó que el decreto "no es contra el movimiento sindical ni los trabajadores y trabajadoras. Lo dice expresamente".

En declaraciones a Canal 4, se refirió al conflicto que hasta ayer mantenía bloqueada la planta de La Tablada, e indicó que por una lucha de precios entre empresarios se puede llegar a estropear la economía de un país.

Dijo que ante eso "nosotros los que somos viejos, nos acordamos del Chile de (Salvador) Allende. Y vamos a combatir estas expresiones que se manifiestan dando herramientas al Ministerio del Interior para que pueda impedir que se impida el bienestar de la gente" porque "en última instancia" los empresarios "están peleando por el lucro" pero se desfavorece a la gente.

De "inadmisible", "inapropiado" e "innecesario" fue calificado el nuevo decreto por parte de legisladores oficialistas que llamaron la atención sobre la "legitimación de la represión".

El decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, otorga potestades al Ministerio del Interior para intervenir en acciones de protesta que incluyan el corte de calles, caminos o carreteras.

Fuentes gubernamentales señalaron a El País que se está trabajando en el decreto desde el año pasado, y "no se presentó por ningún hecho puntual".

Se busca "ordenar la normativa y actualizar el lenguaje, además de establecer el protocolo de actuación para el Ministerio del Interior".