Según el informe, existía la posibilidad de que la lucha por justicia por las violaciones de DDHH cometidas durante el Gobierno cívico-militar sufriera un retroceso.
La razón, según AI, fue una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013, que revocó dos artículos de una ley adoptada en 2011 que establecía que los crímenes cometidos durante el periodo del régimen cívico-militar, entre 1973 y 1985, eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.
AI entiende que la Corte concluyó que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y, por lo tanto, estaban sujetos a prescripción.
AI destaca que en diciembre seis detenidos del centro de detención en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, fueron reubicados en Uruguay.
La organización también mostró en su informe su preocupación por los requisitos obligatorios establecidos por la ley de 2012 que despenalizaba el aborto que, a su juicio, suponen un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal.
Fuente: EFE
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