Cruzaron la línea

25 octubre de 2013


El gobierno anunció con “bombos y platillos” que, a diferencia de los viejos tiempos y de las costumbres clientelísticas de los partidos tradicionales, estas adjudicaciones no se harían “a dedo”, caprichosa y discrecionalmente, sino que estarían sometidas a un proceso objetivo y competitivo del que saldría un veredicto acorde con esos criterios, lo que nos pareció muy bien.

Sin embargo, la falta de seriedad, las volteretas en el aire y particularmente la existencia de gestiones indebidas han convertido el anuncio en una triste fantasía con mucho de hipocresía.

Solo hay una cosa peor que adjudicar canales de televisión en forma discrecional y arbitraria, como siempre lo hicieron los partidos tradicionales; fingir hacerlo en forma profesional, transparente y objetiva para actuar engañosamente de la misma forma discrecional y arbitraria. Encima para favorecer a aquellos con los que se coincide partidariamente.

El gobierno del Frente Amplio esta vez definitivamente cruzó la línea y seguramente generará una masiva decepción entre sus seguidores que creyeron que este partido llegaba al gobierno para cambiar las formas tradicionales de hacer política que habían impulsado blancos y colorados en su más de siglo y medio de permanencia en el gobierno.

Se decía con altisonancia y arrogancia que el Frente Amplio traería un cambio que dejaría de lado el amiguismo, el clientelismo, el acomodo y la cuotificación. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que ha incumplido con la promesa formulada generando una deuda ética con la ciudadanía. Pero este es el episodio más evidente y probablemente más grave.

Hay, al menos, tres conductas que ameritan un fuerte cuestionamiento ético y jurídico que, además, permitirá la interposición de demandas contra el Estado reclamando la suspensión y anulación del acto, además de las correspondientes indemnizaciones  debido a las graves irregularidades en que se incurrió.

Este es un escándalo de grandes proporciones que las autoridades de gobierno no han calibrado en toda su dimensión. Los próximos días y semanas permitirán percibir hasta qué punto es el “desaguisado”.

En primer lugar, el Presidente comete el atropello público de no sólo anunciar quienes serían los oferentes que obtendrían las adjudicaciones en primera instancia (Pop TV y VTV), sino que en forma absolutamente improcedente se extiende en fuertes cuestionamientos y descalificaciones hacia el tercer oferente, Consorcio Giro, señalando la falta de seriedad y fundamento de su postulación por inviabilidad económica y financiera. Declaraciones irregulares, improcedentes y totalmente excedidas de las potestades que puede ejercer el Poder Ejecutivo al anunciar una posición sobre un tema tan delicado; paradójicamente destinadas a aquel que luego sería su beneficiario final.

En segundo lugar, quizás lo más grave porque incluso podría tener derivaciones penales, es la intervención de dos jerarcas de gobierno, vinculados directamente a la Presidencia de la República, presionando o sugiriendo a uno de los dos ganadores en primera instancia, la posibilidad de que “compartiera” el canal con el tercer competidor.

Desde que el Presidente anunció cuales eran los dos oferentes ganadores, se multiplicaron los trascendidos de prensa por los que se informaba que desde el entorno de Presidencia de la República se estaba “operando” para lograr que Consorcio Giro también tuviera su canal. Se manejaron diversas posibilidades, todas con un objetivo manifiesto: otorgarle un canal a Consorcio Giro.

La participación del Director de OPP y de un asesor presidencial en reuniones con una de las partes para intentar convencerla de que acepte evaluar “soluciones” novedosas con respecto a un llamado en curso es de una gravedad muy evidente.

En tercer lugar, la aparente inclusión de nuevos elementos documentales en oportunidad de la vista otorgada a los oferentes luego de la primera decisión, que habrían sido aceptados por quienes tenían a su cargo la toma de decisiones podría configurar una gravísima irregularidad en la medida que afecta todo el proceso licitatorio. Las partes no pueden incorporar nueva documentación, ni información que modifique la situación preexistente porque afecta el principio de igualdad de las partes e incumple con la irrevocabilidad de los plazos para presentar la documentación exigida.

Las vistas permiten formular argumentaciones y fundamentaciones pero no permiten afectar la consolidación de los contenidos documentales que cada uno presentó en tiempo y forma.

Ni hablar de los argumentos ideológicos que circularon en las últimas horas sobre una supuesta superioridad de las formas empresariales cooperativas sobre otro tipo de modalidad societaria; o sobre la importancia afectiva que tuvo en el juicio del Presidente el hecho de que los integrantes del Consorcio Giro pusieran en juego su patrimonio personal.

Son tantas las irregularidades que es muy posible que este episodio derive en numerosas actuaciones y que termine en la nulidad del acto de adjudicación.

Ahora que vemos el desenlace de todo el proceso, entendemos mucho mejor la advertencia realizada desde el Frente Líber Seregni sobre la conveniencia de dejar sin efecto el proceso y postergarlo para el próximo gobierno. De todos modos, en los hechos, este lío proyectará sus derivaciones sobre el próximo período de gobierno.

Los ciudadanos que esperaban cambios sustanciales en la forma de actuación de los gobernantes al asumir el gobierno el Frente Amplio deberían tomar debida nota sobre este grave episodio que, además, culmina favoreciendo a quien tiene una orientación visible identificada con el partido de gobierno.

Un verdadero desastre.

Por si faltaba algún ingrediente, este episodio confirma la enorme preocupación que nos genera la propuesta contenida en el proyecto de ley de medios, sobre la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual en el ámbito del Poder Ejecutivo con las enormes atribuciones de control, sanción y regulación de la actividad de los medios de comunicación.

Si la discrecionalidad gubernamental guió la reciente decisión, imaginémonos qué podría ocurrir si se resuelve otorgar tal poder a un Consejo instalado dentro del Poder Ejecutivo. Razón de más para ratificar nuestra firme oposición a esa iniciativa.

Pablo Mieres


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