Chargoñia sobre DDHH: Gobierno "tiene cuota de responsabilidad en crisis que enfrenta"

11 abril de 2019


En declaraciones al programa Fuerte y Claro de Radio Informarte, el Dr. Pablo Chargoñia, abogado e integrante del Observatorio Luz Ibarburu, afirmó que el Gobierno “tiene una cuota de responsabilidad” en “la crisis que está enfrentando” luego de conocidas las confesiones de José Gavazzo y Jorge Silveira a un Tribunal de Honor Militar. Agregó que es necesario “separarse del aprovechamiento partidario” que los políticos están haciendo, en año electoral, del fenómeno. Escuche la entrevista completa.

https://www.dropbox.com/s/wy652dkcbpein2e/Fuerte_y_Claro_-190411-Entrevista_a_Pablo_Chargonia.mp3?dl=1

Chargoñia entiende que el tema DDHH “es complejo, permanentemente estamos sometidos a nuevas informaciones que nos llevan a nuevas reflexiones”.

En ese sentido opinó que en la convocatoria a la concentración que tuvo lugar este jueves, acudieron muchos ciudadanos “con distintos enfoques sobre un mismo fenómeno. El mínimo común denominador es el repudio a los crímenes del aparato estatal y las revelaciones que surgen de las actas del Tribunal de Honor y la necesidad de terminar con la impunidad”.

“Después creo que hay que separarse del aprovechamiento partidario del fenómeno. Del lado de la oposición se pone el foco en los conflictos internos entre Presidencia y Defensa” y en filas del oficialismo “en hacerle decir a las actas cosas más trascendentes de la que realmente contienen, tratando de sacar el foco del conflicto”.

En este contexto dijo que su posición está marcada por años de “escuchar a las víctimas y a los represores, conociendo sus mentiras, sus participaciones en las audiencias judiciales y sus estrategias. A partir de esa experiencia trato de interpretar”.

Relevancia

Consultado sobre el contenido de las actas del Tribunal de Honor Militar, Chargoñia dijo que para él existen solo algunos aspectos que pueden ser considerados relevantes.

Jorge Silveira y José Gavazzo fueron “condenados en dos causas, una la denominada Segundo Vuelo por la desaparición de 28 personas que estuvieron en Automotores Orletti y también el caso del secuestro de María Claudia García de Gelman. La versión que dan ahora se da de bruces con más de una sentencia de condena”.

Por otro lado el abogado entiende que en todo este proceso queda en evidencia que los Tribunales de Honor del Ejército “revisan la decisión de la Justicia con una intención de cierto prejuzgamiento, dándole valor a la versión de dos sujetos execrables”.

“El problema del Tribunal de Honor es que demuestra que es una especie de Tribunal de una entidad paraestatal, propio de una casta pretendiendo rediscutir el abordaje judicial que se hizo en tres juzgados y que concluyó en la culpabilidad de estos dos sujetos”.

Otro elemento, que Chargoñia cree que ha pasado inadvertido, es la decisión de los militares de citar a la fiscal Mirtha Guianze, “que hizo muy bien en no ir”.

“La querían citar para ponerla en una mala posición porque las versiones de estos sujetos le adjudican una intención de venganza”, dijo Chargoñia que cree que en este tipo de acciones hay “una cierta intención de debilitar al sistema judicial en sus escasos y tímidos avances en estos hechos”.

Responsabilidad

Chargoñia dijo que desde 2013 en adelante “no pasó nada” en el caso Gomensoro Josman porque “ni el sistema judicial ni el Poder Ejecutivo hicieron algo”.

“Este caso se revela porque hubo elementos que indican un presunto error judicial en procesar a alguien que no tenía responsabilidades. Se puso el foco en un caso de excepción a la regla”, agregó.

Para Chargoñia “el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad sobre la crisis que está enfrentando” y recordó que en 2003, el Congreso del FA tuvo “un debate histórico entre las posiciones de Eleuterio Fernández Huidobro, ex ministro de Defensa, y el dirigente del PVP, Hugo Cores, el primero sostenía que la ley de caducidad no podía ser tocada y el otro que debía ser invalidada”.

Ganó Fernández Huidobro y eso implicó que el FA se pusiera detrás de una posición ambivalente. En 2003 se derrotó una plataforma política que implicaba superar la ley de no castigo y no investigación” por lo que “no se puede dejar de mencionar la gestión de Huidobro al frente del Ministerio de Defensa”, cerró.


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