“Es una medida que no deberíamos poner en práctica. Es necesario mantener condiciones de equidad desde el punto de vista del apoyo a toda la enseñanza superior del país”, dijo el secretario de Estado desde Carmelo y agregó: “Es un tema de equidad y de propuesta en materia educativa también. No creo que estas cosas se resuelvan solamente en función de razones ideológicas. También se resuelven cuando nosotros abrimos posibilidades equilibradas para que ésta pueda desarrollarse, no solo desde el punto de vista público. A mí me parece que la apertura y el funcionamiento de universidades privadas le ha hecho muy bien al país”.
Vía Twitter el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, también se mostró en desacuerdo con la propuesta y comentó en Twitter: “A la hora de querer mejor educación. ¿Qué sentido tiene una medida contra las universidades privadas?”.
Desde las universidades privadas advirtieron que en caso de que la propuesta se concrete, cientos de estudiantes perderán las becas el año que viene. En declaraciones a Canal 4 el secretario pro témpore del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, Juan Manuel Gutiérrez, opinó que el aditivo afecta al sistema de becas y los proyectos de investigación. El dinero, según Gutiérrez, habilita un "generoso sistema de becas a centenas de estudiantes de bajos recursos".
En el ámbito público, el rector Roberto Markarian, apoyó la iniciativa. En declaraciones a Canal 12 agregó que tanto en la Constitución como en una ley promulgada el 30 de noviembre de 1960 se exonera a las entidades privadas de educación de todo tributo departamental y nacional.
“A eso se agrega que no aportan al BPS. Si yo trabajara en una universidad privada, yo aportaría al BPS para mi jubilación, pero el empleador no pagaría nada. Me parece sorprendente que eso se esté dando en este país de tradición tan laica y democrática”, sostuvo.
El fin de semana la diputada del FA Macarena Gelman, propuso retirar los beneficios fiscales a las empresas que realicen donaciones a universidades privadas. La medida fue aprobada por la bancada oficialista y, según indica El Observador, supondría una pérdida de 1,4 millones de dólares anuales.
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