Asignaciones familiares: entre la responsabilidad y el clientelismo politico

15 junio de 2013


Efectivamente, como veníamos reclamando desde la instauración del nuevo régimen de asignaciones familiares, el gobierno no quiso saber cuántos ni quienes incumplían con la contrapartida obligatoria establecida por la ley. Pasaron casi cinco años sin que se brindara la información básica requerida. Se dijo que no existía la posibilidad tecnológica de cruzar los datos, excusa inadmisible y ridícula en el mundo en que vivimos, y así se prolongó una situación irregular.

Finalmente, esta semana todo el país supo que el gobierno ocultó la irregularidad de, al menos, treinta y cinco mil casos y apañó por omisión su incumplimiento. La ley es muy clara al establecer esta obligatoriedad. Muchos uruguayos deben sentirse estafados, porque a ellos se los obliga a cumplir con las diferentes obligaciones legales vigentes, pago de impuestos, multas por mora si se atrasan en los pagos, descuentos por planilla de aportes y deudas, etc.

Mientras tanto estos ciudadanos han cobrado indebidamente, vaya a saber desde hace cuánto tiempo, un monto mensual que no les correspondía porque ni siquiera cumplían con la mínima obligación demandada que es, además, un derecho inalienable de sus hijos de acceder al sistema educativo para adquirir conocimientos que le permitan tener más posibilidades de éxito en su inserción en la vida adulta.

La obligación legal es en defensa y para la protección de los menores para asegurar y garantizar su derecho a la educación. Pero, además, es una concepción de políticas sociales muy profunda que busca generar un impacto de promoción social sobre los sectores más desamparados de nuestra sociedad. Obligarlos a mandar a sus hijos a la escuela o liceo es empujar hacia la integración social promoviendo las oportunidades de los más jóvenes.

Obligarlos a cumplir contraprestaciones es generar la idea de que un beneficio o subsidio no es gratis, sino que el que lo recibe debe hacer algo a cambio porque en la vida la dignidad consiste en valerse por sí mismo y no generar una dependencia eterna de los subsidios estatales.

Esta es la clave que distingue entre las políticas sociales promocionales y las políticas sociales asistencialistas. Como dice el viejo dicho: “no hay que dar pescado sino que hay que enseñar a pescar”.

Pues bien, desde que se diseñó el sistema de asignaciones familiares vigentes, el gobierno hizo oídos sordos a su obligación de controlar la realidad y desarrolló sus políticas sociales con un perfil escandalosamente asistencialista, generando la lógica sospecha de que estaba movido por un interés electoralista.

Pero el incumplimiento del gobierno también ha permitido que durante vaya a saber cuánto tiempo, un número todavía indeterminado de familias que tienen niveles de ingresos altos, estén cobrado indebidamente estas prestaciones. Así ocurre cuando no hay controles, pero por eso mismo el Estado ha incurrido en una responsabilidad jurídica indiscutible.

Es lógico pensar que si el gobierno otorga beneficios a cambio de nada, incumpliendo la ley que obliga a exigir contrapartidas, los beneficiarios de esos subsidios sean más propensos a votar a quienes los favorecen, que si se hacen valer las obligaciones y se les quita el subsidio a los incumplidores

Finalmente, muy tarde, pero más vale tarde que nunca, el BPS ha anunciado que se dejarán de pagar las asignaciones familiares correspondientes a aquellas familias que no mandan a sus hijos a la escuela o liceo. Después de tantos años se anuncia que se cumplirá con la ley.

Sin embargo, ya han surgido las voces contrarias a esta decisión en el propio partido de gobierno, lo que prueba de manera incontrastable la existencia de objetivos electoralistas en buena parte del Frente Amplio. Ya han salido al cruce de los anuncios del BPS reclamando que no se suspendan los pagos a nadie y el propio Presidente, según la prensa, ha abogado para postergar una decisión que es escandalosamente tardía.

Como en tantos casos y temas cada vez más relevantes, están quedando de manifiesto diferencias crecientes e inconciliables dentro del Frente Amplio que afectan las decisiones públicas.

Aunque muy tarde, hay quienes en el gobierno quieren hacer cumplir las leyes vigentes; mientras que otros, como dijera el inefable Senador Lorier hace pocos días, creen que deben usar los dineros del Estado (que son de todos) para hacer políticas sociales con objetivos expresamente electorales. Una verdadera vergüenza de una izquierda que años atrás se “llenaba la boca” reclamando programas promocionales y hoy se ha convertido en la campeona del asistencialismo clientelístico.

Veremos si se cumplirá con la ley vigente, o se seguirá medrando con la necesidad de los más pobres, utilizándolos electoralmente y sometiéndolos a una dependencia cada vez más indigna.

Por Pablo Mieres


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