Según informa El Observador, en este sentido, en enero de 2017 comenzará a regir solamente el sistema acusatorio, donde los fiscales tendrán a su cargo el rol de dirigir las investigaciones, y que introduce cambios en la prisión preventiva.
Fuentes del Gobierno informaron al mencionado matutino que la decisión tiene como objetivo alivianar el peso presupuestal de la reforma del CPP, dado que comenzar a aplicar un modelo oral y de audiencias requiere una importante inversión en materia de recursos humanos y de personal.
El Gobierno enviará este lunes, junto con la Ley de Presupuesto, el proyecto de ley para postergar la implementación de los aspectos más costosos del sistema nuevo.