Militares chilenos condenados por desaparición de uruguayos

Según informa EFE, en un fallo unánime, la II Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez especial Joaquín Billard Acuña, contra el general retirado Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte, el coronel Mateo Durruty y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas.

Las víctimas fueron los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes fueron detenidos por carabineros el 29 de septiembre de 1973 en una mina abandonada del Cajón del Maipo, en la cordillera al este de Santiago junto a otros cuatro compatriotas, incluidas dos mujeres, que lograron sobrevivir.

Los tres habían llegado a Chile como refugiados durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), por temor a ser detenidos en Uruguay como sospechosos de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros.

Tras el golpe de Pinochet, los jóvenes intentaron huir de Chile cruzando a pie la Cordillera de Los Andes hacia Argentina, circunstancia en la que fueron detenidos y entregados por los carabineros a militares del regimiento de Ferrocarrileros, de la localidad de Puente Alto, vecina a Santiago.

En el regimiento, según testimonios de algunos militares de la misma unidad y de supervivientes, fueron duramente golpeados y, entre otras torturas, se les obligó a comer vidrio molido.

Ariel Arcos Latorre, de 23 años, era estudiante universitario, lo mismo que Enrique Pagardoy, de 21 años, y Juan Antonio Povaschuk, de 24, era fotógrafo.

Tras un par de días de reclusión en el regimiento, se dispuso el traslado de los detenidos al Estadio Nacional de Santiago, utilizado entonces como campo de concentración de presos políticos, pero Arcos, Pagardoy y Povaschuk fueron separados del grupo por orden de uno de los oficiales y desde entonces nada más se ha sabido de ellos.

Durante la dictadura militar chilena, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que unas 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 sufrieron tortura y prisión por causas políticas.

Informe propiedad de EFE